Twitter, vía de escape ante la omisión de proteger a la prensa en México

Callar es una forma de protegerse que puede resultar eficaz pero a menudo resulta insuficiente a la luz de las obligaciones de derechos humanos que tienen los Estados. El comentario es pertinente a la vista de la información relacionada con la "guerra contra las drogas" lanzada por el presidente de México Felipe Calderón.
Cuatro expertos de Microsoft Research han personado un estudio que señala que la violencia en México silenció a medios de comunicación tradicionales y generó una creciente información en redes sociales centrada en hechos violentos, revela un estudio de la empresa publicado en junio de 2012.
No distinguen entre el origen de la violencia, si esta procedía del Estado o de los grupos criminales, pero presentan unos resultados que nos pueden hacer reflexionar sobre la libertad de expresión.
El estudio puede servirnos para analizar las cuatro obligaciones que tienen los Estados en materia de derechos humanos (respetar, proteger, garantizar y promover): "A la fecha los cárteles de la droga parecen estar ganando el control de los medios tradicionales (mainstream) a través del asesinato y la intimidación", establece "Narcotweets: social media in wartime" (2012).
Los expertos relatan cómo en el México actual “la gente usa las redes sociales como plataformas de participación noticiosa en lugar de los dañados aparatos estatales o de los medios de comunicación".
El estudio analizó a detalle los tuits que contenían determinados términos relacionados con la "guerra de las drogas en México" en cuatro ciudades del país (Monterrey, Reynosa, Saltillo, en el norte del país, y Veracruz, en el este) durante un período de dieciséis meses, entre agosto de 2010 y noviembre de 2011, lo que implicó analizar un corpus de 596.591 mensajes.
De todos ellos el 49,5% tenía nuevos contenidos, un 30,7% repetía mensajes existentes (retuits), y el 19,9% restante consistía en respuestas o réplicas a otras comunicaciones.
La investigación localizó 56.414 tuiteros en las cuatro ciudades que, en promedio colocaron 9,4 mensajes en la red al día.
Una de las conclusiones del estudio es que "unos pocos usuarios contribuyeron con la mayoría del contenido" informativo sobre violencia en las redes, a los que el estudio se refiere como "curadores".
Algunos de ellos representaron "los esfuerzos ciudadanos" por satisfacer la necesidad de "tuits rápidos de tiempo real sobre acontecimientos agudos (apremiantes)" en sus comunidades.
El análisis apunta a que México, un país con más de 40 millones de internautas, tiene paralelismos en cuanto al uso que se hizo de de redes sociales y blogs durante los años de guerra en Irak y durante la más reciente "revolución en Egipto".
Recuerda que "en localidades afligidas por los conflictos armados las crisis son parte del día a día, lo que convierte sucesos (violentos) extraordinarios en ordinarios".
Esta situación está ocurriendo en México donde los especialistas ven "casi completo embargo de noticias impuesto por las organizaciones criminales" en algunas zonas del país, sobre todo de estados del norte.
Estos grupos criminales, "mediante llamadas diarias, correos electrónicos y comunicados de prensa, deciden qué se puede y qué no transmitir o publicar".
En este contexto "los gobiernos locales fracasan en su comunicación pública por varias razones: temor a represalias, falta de conocimientos o un intento de mantener una imagen de que tienen todo bajo control".
Finalmente los estudiosos recuerdan que en México hay medios de comunicación tradicionales que, públicamente, han renunciado a realizar coberturas de sucesos violentos, un "vacío de información que cubren las redes sociales (social media)", el nuevo ámbito en el que se pelea por el control de la información.
En el caso el Estado mexicano, que dice haber ofrecido una “respuesta integral” al fenómeno criminal deja sin protección a los periodistas que han acudido a cubrir la violencia en muchos estados de México.
Considero que la obligación de “respetar” la libre expresión en las zonas con más violencia del país se ha incumplido debido a que las autoridades estatales, sobre todo de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, son bastante escuetas a la hora de informar del resultado de sus acciones a pesar de que el cuarto Principio sobre Libertad de Expresión de la OEA establece que “el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos”. Tenemos al respecto el ejemplo reciente de la muerte de Heriberto Lazcano “El Lazca”, abatido no sabemos bien en qué contexto. Dicen que miraba un partido de béisbol cuando le sorprendieron. Huía y recibió seis disparos. ¿Atacó realmente a los marinos que le perseguían? ¿Se le dio el alto? ¿Se le disparó por la espalda? Son detalles que, de modo oficial no trascienden. Se dan versiones parciales e insuficientes.
Además en cuanto a la obligación de respetar, si consideramos que no puede existir una violación de derechos humanos entre particulares, el Estado tendría la obligación de “proteger” a los informadores, algo que no ha ocurrido en los últimos años.
Ahondando en la obligación de “proteger”, esta no es distinta que la de proteger a otros ciudadanos cuando se aplica a los informadores. Sin embargo el Gobierno está tratando de poner en marcha un Mecanismo Especial de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. El plan va en la dirección correcta pero aún se sabe poco de cómo funciona y de los recursos con que cuenta. En cualquier caso el riesgo real de ataques a periodistas existe ya con lo que la actuación ha sido lenta.
Quizás sea la obligación de “proteger” la más evidentemente desatendida por las autoridades federales y estatales mexicanas respecto a los informadores. El hecho de que exista impunidad en más de 80 casos de homicidios contra informadores entre 2000 y 2012 es una amenaza real para estos profesionales quienes, para sobrevivir, han optado en muchos casos por la autocensura. No hay medidas preventivas efectivas en apoyo de los comunicadores, que tampoco están bien protegidos por los medios de comunicación donde trabajan en líneas generales. Siendo la libertad de expresión un “derecho fundamental e inalienable” de los ciudadanos, y un “requisito indispensable” de existencia de cualquier sociedad democrática (Principio 1 sobre Libertad de Expresión de la OEA), el incumplir esta obligación por parte del Estado mexicano entraña un problema grave e irresuelto en el México actual.
En cuanto a la obligación de “garantizar” está en este caso violada ya que la ciudadanía, consciente o no, carece de información útil sobre lo que está pasando en algunas ciudades de México atenazadas por la violencia, como las cuatro citadas en el estudio.
Finalmente respecto a la obligación de “promover” una mejor protección para los comunicadores sería importante intensificar los programas de autoprotección que existen, y que realizan algunas ONG pero que no están apoyados por el Estado. Tampoco percibo que haya una conciencia social muy firme en torno a las consecuencias que tiene que los periodistas y medios de comunicación mexicanos se autocensuren. Ello se podría revertir con algunas campañas agresivas en este sentido.
El estudio sobre “narcotuits” concluye con esta aseveración: "Muchos mexicanos ven las redes sociales como una fuentes de información y supervivencia", y emplean esos medios alternativos "para actos de aflicción colectiva y para expresar su frustración respecto al gobierno, las organizaciones criminales o con ellos mismos, por las circunstancias en que viven". Lamentablemente la falta de protección, respeto, garantías y promoción del trabajo de los periodistas en contextos cada vez más difíciles ha detonado la actual situación tan difícil que enfrentamos.