Alberto Patishtán, un símbolo de lucha contra la injusticia.

Hace dos días viví uno de esos episodios imborrables en mi vida en México. Un maestro indígena injustamente acusado de haber asesinado a seis policías, Alberto Patishtán, quedaba libre al ser indultado. La sociedad civil que le ha acompañado todos estos años dio por bueno el resultado. El medio era lo de menos pero la vía para conseguirlo fue la excepción, un indulto presidencial, vamos, una excepción.
La noticia no contada aquel día fue la derrota del sistema de justicia penal mexicano, que sigue lleno de irregularidades. Es un mecanismo de injusticia, de sometimiento del enemigo, de anulación de las personas, especialmente si son pobres o indígenas. El dinero y los contactos son el último modo de acabar en este país con las injusticias.
Patishtán fue aplaudido y ensalzado como un hombre de paz y sin rencores. Cree que hay que seguir luchando por todas esas personas encarceladas injustamente en México. Son cientos, o miles, quizás decenas de miles pero ahora cuentan fuera de las prisiones mexicanas con alguien que les escucha, que les de conoce y que sabe lo que han pasado.
Patishtán dijo que habían tratado de neutralizarle y luego le hicieron más fuerte. Es cierto, sus enemigos construyeron un símbolo de la lucha contra los procesos indebidos y las arbitrariedades. Un símbolo, algo que ya será imposible anular sin que ello tenga un gran coste político... Viva el maestro Patishtán, y que con todo y su enfermedad, dure muchos años...

Entrevista con el pasado

La exsecretaria de Asuntos Exteriores de México es una mujer brillante que defiende a las mujeres por encima de casi cualquier consideración. Hace años estaba activa en política y condujo los destinos de México. Ahora reflexiona sobre aquella etapa en un libro muy personal, dedicado a sus nietos. A continuación, y al calor de los escándalos de espionaje, Green explica cómo ve esa situación:

Rosario Green consideró el pasado 26 de octubre "una vergüenza" el escándalo del presunto espionaje de Estados Unidos a otros países, muchos de ellos sus propios aliados, e instó a Naciones Unidas a asumirlo por ser un tema "de preocupación general".
"Yo creo que Naciones Unidas sí tendría que tomar el tema", dijo Green (Ciudad de México, 1941) en una de las varias entrevistas celebradas en Ciudad de México con motivo de la presentación de su libro de memorias "La canciller" (Temas de Hoy, 2013).
La exsecretaria de Relaciones Exteriores durante el Gobierno de Ernesto Zedillo (1998-2000) consideró "un despropósito y una barbaridad" las revelaciones a partir de filtraciones de Edward J. Snowden de que EE.UU. ha vigilado a los mandatarios de países amigos suyos, incluido el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, cuando era candidato, y su antecesor, Felipe Calderón.
"Me parece una vergüenza. Que el teléfono personal de un Jefe de Estado o de Gobierno sea intervenido me parece intolerable", explicó la hoy embajadora honoraria de su país y exsecretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI, 2005-2007).
Green se mostró indignada con que Washington pueda considerar aceptables las labores de espionaje realizadas vía satélite y pinchando los teléfonos de las personas y de los mandatarios, "35 jefes de Estado y de Gobierno" en el caso actual.
"Y no son los enemigos: no estamos hablando de Corea del Norte, de Cuba, de China", estamos hablando de los países europeos, Alemania, España, Francia, que le dijo a (Barack) Obama antes que ningún otro 'si vas contra Siria, yo te apoyo", afirmó Green.
La excanciller sostuvo que las revelaciones de los últimos días conocidas a través del semanario alemán Der Spiegel abren la pregunta de "de parte de quién" está EE.UU., capaz de intervenir comunicaciones privadas de sus socios, y aseguró que la circunstancia de que espiar se haga desde siempre "no lo justifica".
De la situación actual lo que más incomprensible le ha parecido a Green fue la actitud del secretario de Estado de EE.UU, John Kerry", a quien "se le olvidó que es canciller y pensó que estaba dando la batalla para su reelección en el Senado".
"Cuando tranquilamente sale a los medios a decir 'aquí lo importante no son los ciudadanos de otros países, aquí lo importante son los estadounidense y es su protección y su seguridad lo que le interesa a EE.UU.. Si a los demás países no les parece, ni modo (no hay nada que hacer)", agregó Green.
La diplomática mexicana llamó la atención sobre el hecho de que incluso "en EE.UU. hay una gran irritación por el cinismo y la postura de 'acá está EE.UU. y por debajo el resto del mundo'" y con haber dado a entender que "un gringo es más importante que un español, que un francés, que un mexicano", porque a ciudadanos de esos países "sí les pueden hacer daño los terroristas".
En cuanto al papel que debe asumir la ONU señaló que debería empezar a plantearse cómo reglamentar la información que se canaliza a través de las redes sociales y los ataques a la privacidad de las personas.
"Como todo en la vida las redes tienen las dos caras, la positiva (...), y la negativa, que permite el abuso e inclusive por esa vía se denigre y se calumnie", explicó.
"Hay presión política sobre las redes sociales y sus propietarios para develar quién es fulano, las cosas que no aparecen en el perfil" e incluso "correos electrónicos" y otro tipo de información.
Por ello Green señaló que "sí se necesita una reglamentación" y que ésta "tiene que ser internacional".
"Aun sí es y se da, no hay garantía" de que sea efectiva, agregó, "porque no hay nada que impida al 'hacker'" sus ataques, porque esas personas "siempre llevan la delantera".
Señaló que los piratas informáticos deberían ser tratados de forma parecida a los terroristas, pues los últimos "han acribillado vidas" y los segundos, "intimidades".
"Yo creo que el tema (del espionaje) ya se pasó de la raya y sí creo que hoy EE.UU. tiene una situación muy complicada con sus aliados y con sus amigos, y con el resto del mundo".
"Le debe muchas explicaciones a la comunidad internacional: ¿por qué, quién te da el derecho", apuntó, en relación a lo que considera una práctica inaceptable de "espionaje indiscriminado".

Cassez, libre pero ni culpable ni inocente

La ciudadana francesa Florence Cassez fue liberada hace pocos días en México y enviada a Francia. No fue declarada culpable ni inocente de secuestro, pero un grave error procesal permitió que el Supremo mexicano la dejara libre tras siete años encarcelada. Hace dos años y medio entrevisté a Cassez y para hablar de su situación. Siempre insistió en que era inocente, algo que nunca sabremos. Por el interés que cobró el caso reproduzco ahora un extracto de aquella conversación que nunca vio la luz. Este día la francesa habló del tema con medios franceses:

Francesa condenada admira a la colombiana Ingrid Betancourt y está agradecida con la periodista mexicana Lydia Cacho (JUNIO DE 2010)

La francesa Florence Cassez, quien cumple en México una condena de 60 años de cárcel por secuestro, declaró hoy que admira a la colombiana Ingrid Betancourt y que está agradecida con la periodista mexicana Lydia Cacho, quien, sin conocerla, abordó su situación en un artículo publicado en mayo.
En una entrevista telefónica Cassez dijo que su situación no es comparable con la que vivió la colombiana Betancourt pero ambas tienen algo en común: "las dos fuimos secuestradas".
Cassez se refirió a unas declaraciones de Betancourt, quien el 24 de septiembre del pasado año, en una gala celebrada en Montreal (Canadá), pidió públicamente "un juicio imparcial" para Cassez.
"Yo pienso que peor que la ausencia de justicia y el hecho de no encontrar a los culpables, peor que eso, es condenar a inocentes. No lo olviden, Florence Cassez también nos necesita", sostuvo entonces.
La francesa fue detenida el 8 de diciembre de 2005 por policías, que la retuvieron sin presentarla ante un juez un día y al siguiente, hicieron un montaje con la simulación en vivo, ante las cámaras de televisión, de su rescate.
Por su parte la ex aspirante presidencial colombiana permaneció en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de 2002 a 2008.
"Es una mujer que me impactó, su corazón, su sensibildiad, su calma, su madurez...", explicó Cassez, quien tras conocer el apoyo que le había brindado Betancourt le escribió una carta de agradecimiento, cuyo contenido no ha hecho público.
También extendió su gratitud también Cassez a la periodista mexicana Lydia Cacho, quien el pasado 20 de mayo escribió una columna en el periódico El Universal que tituló "Lo que oculta Calderón".
"No la conozco y tomó partido", explica Cassez, quien tiene consigo una copia de la columna de opinión donde Cacho afirma que "Cassez es ya un símbolo en Francia, no por lo que mostró la autoridad mexicana en los medios, sino por lo que parece querer ocultar".
En el artículo la periodista, reconocida por su activismo en favor de las mujeres y contra las mafias de la pederastia, se pregunta por qué el presidente Felipe Calderón se ha opuesto a que la joven purgue su pena en Francia, algo que permite la Convención de Estrasburgo, ratificada por México e invocado por Francia, que mantiene reservas a un artículo.
Éstas constituyen "un impedimiento para garantizar que Florence Cassez purgue la totalidad de su pena en territorio francés", según el Gobierno mexicano.
Cacho recuerda que el sistema de justicia penal en México es inoperante, víctima de las "incapacidades y la corrupción de las procuradurías (fiscalías)", lo que ha motivado una aplicación de la justicia deficiente.
"Digamos que ya nos acostumbramos (en México) al perverso juego de la justicia diferida, la protección de los verdaderos culpables, y el doble discurso presidencial sobre el crimen y el castigo. Pero en Europa apenas están descubriendo esta realidad atroz", apuntó Cassez desde el Centro Femenino de Readaptación Social de Tepepan, en el sur de la capital mexicana.
Finalmente la presa francesa Cassez se dijo también muy agradecida con el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, quien repetidamente ha pedido al presidente Calderón, de México, que permita que Cassez sea repatriada para que cumpla su condena en Francia.
"Políticamente él me defiende bien, muy bien (...) Qué bueno, qué suerte, qué afortunada. Toda mi vida estaré agradecida con eso", agregó Cassez.

Carrillo Salcedo, "campesino del Guadalquivir"

El internacionalista español Juan Antonio Carrillo Salcedo falleció el pasado 19 de enero en Sevilla, la ciudad donde enseñó con generosidad muchos años. Era un maestro en derechos humanos, como se lo reconocieron importantes amigos. Fue un profesor enorme, generoso y conciso, curioso, rotundo cuando tenía las ideas claras, o sea, siempre.

Conoció algunas de las sentencias más importantes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en los años en que pasó por esa institución. Tras estar en el exterior regresó a Sevilla, donde era uno de los profesores más prestigiosos de la Universidad Hispalense.

Era un hombre cabal, serio pero a la vez claro. Tenía una ética de hierro y se consideraba a sí mismo un "campesino del Guadalquivir".

En lo personal, acrecentó mi curiosidad por los derechos humanos, a cuyo estudio he vuelto hace poco. Sé que siempre estará en mi recuerdo. Mi tesis tendrá una dedicatoria para él.

Lecciones sudafricanas para la España de los desahucios (2012)

Sandra Liebenberg es una experta en derechos humanos sudafricana cuyas reflexiones sobre derecho a la vivienda en su país expresadas en el artículo "Adjudicación de derechos sociales en la Constitución de Transformación de Sudáfrica" (Anuario de Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, 2006) me han dejado pensativo.

Desde hace meses España está inmersa en una crisis económica de monumentales proporciones cuya causa se incubó en el sistema financiero, se trasladó a la sociedad mediante créditos e hipotecas de condiciones extraordinarias (plazos muy largos, de hasta 40 años; y tipos de interés variables), atractivos pero arriesgados, y un sector inmobiliario desbocado, desaforado, que enriqueció a algunos constructores, inmobiliarias y municipios rápidamente. Los españoles se cegaron en una situación que antaño recibía un nombre: la cultura del "pelotazo", el enriquecimiento rápido y especulativo, cero esfuerzo en muchos casos.

Ahora España vive un drama descomunal en lo relativo a derechos económicos y sociales sobre todo, el asunto que trata Liebenberg. La causa es que un parón económico debido a condiciones fiscales y presupuestarias impuestas desde Bruselas-Berlín ha enfriado de tal modo la economía española que ésta, prácticamente, se ha estancado. El resultado es decenas de miles de personas en la calle, un desempleo histórico (25%), una precarización de los servicios públicos, especialmente de la salud y la educación, y varios problemas sociales nuevos y sangrantes.

Uno de ellos es el de los desahucios: un caso típico es el de un joven que pierde su trabajo y queda en el desempleo con una hipoteca por pagar; el aval de su crédito al banco que le prestó dinero para comprar su casa lo pusieron sus padres, jubilados; el banco procede, pide un embargo de bienes y ello se traduce en un desahucio por impago de la vivienda de los padres, dada en garantía. El joven pierde la casa que estaba pagando, primera vivienda seguramente, y sus padres la suya, la de toda la vida.

Estudiando el caso he llegado a algunas conclusiones que casan bastante bien con reflexiones planteadas por Liebenberg sobre cómo los derechos sociales podrían ayudar en España a acabar con algunas ideas que otorgan primacía al derecho de propiedad incluso en momentos de crisis. Me gustaría compartirlas:

1. ¿Enfrenta la sociedad española una situación de regresividad en cuanto a derecho a la vivienda? Claramente sí. El artículo 35 de la Constitución (1978) establece que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo”, así como a percibir “una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”. El origen del problema tiene que ver con el desempleo, que ha minado la capacidad de vivir dignamente de millones de personas. El art. 39 refiere que los poderes públicos “aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia”. La situación actual apunta a que el Estado ha olvidado sus obligaciones en materia de derechos económicos y sociales, y antepuesto a las mismas consideraciones presupuestarias. La situación vulnera a mi modo de ver compromisos adquiridos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (1966) fue firmado y ratificado en 1977, antes incluso que la vigente Constitución.

2. ¿Es razonable ejecutar desahucios con una ley de 1909 que es favorable a los bancos, causantes en buena medida de los estragos económicos actuales? Si aplicamos al caso español el criterio del Tribunal Constitucional de Sudáfrica el Estado debería (a) adoptar medidas razonables de índole legislativa o de otra naturaleza, para garantizar en la actual situación acceso al trabajo o, si ello no fuera posible, al menos evitar un despojo y la pérdida de la vivienda para las familias. “La razonabilidad debe ser entendida también en el contexto global de la Declaración de Derechos. El derecho a tener acceso a una vivienda adecuada está firmemente arraigado porque valoramos a los seres humanos y deseamos garantizarles sus necesidades humanas básicas (….) Si las medidas, aunque sean exitosas en términos estadísticos, no logran responder a las necesidades de quienes están más desesperados, no podrán pasar la prueba”, señaló el párrafo 24 de la sentencia del Caso Grootboom en 2000. El Alto Tribunal sudafricano impone la obligación de una “realización progresiva” de los derechos sociales amenazados o vulnerados, algo que no ha estado sucediendo por la falta de políticas activas y decididas de creación de empleos y, al mismo tiempo, por la no contención de abusos contra familias que enfrentan situaciones límite por los impagos. Recordemos que el desempleo actúa como causa de de la pérdida del derecho al trabajo y a una vida digna, y de inmediato, en los casos más graves, de la vivienda.

3. ¿Qué sensibilidad con el problema está mostrando el Poder Judicial español? Poca. La obligación del Estado es emplear sus capacidades “dentro de los recursos disponibles” (caso Grootboom, 2000; P.38) para paliar una situación que se agrava con el paso de los días. Expertos desde el Poder Judicial alertan de excesos para frenar esta situación abusiva de bancos y acreedores que ejecutan órdenes de desahucio con el apoyo de los jueces. Unos pocos de estos han alertado de que la ley vigente, la de Enjuiciamiento Civil de 1909, es demasiado favorable a los bancos y pone en desventaja al deudor. Debe cambiar, han expresado en un informe que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha asumido como propio, como denuncian ya en voz alta varios medios de comunicación. La justicia está dividida pero opta por las interpretaciones más formalistas y apegadas a la “norma jurídica”, no por una lectura progresista de la ley, en un contexto particular, complejo, y sin considerar un verdadero Enfoque de Derechos Humanos, como denuncia por ejemplo Pedro Luis Viguer, juez decano de la Audiencia de Valencia.

4. ¿Dónde está el Gobierno, regulador de la economía y garante de Pactos como el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que le imponen obligaciones de progresividad y una prohibición de regresión? Esta es una pregunta que dejo abierta de cara a las próximas elecciones generales. A mi modo de ver el Gobierno español encabezado por Mariano Rajoy ha fracasado estrepitosamente en lo que respecta a la obligación que tiene de proteger a los ciudadanos en momentos de crisis y permitirles mantener una vida digna. Aumentan los grupos de personas privados de acceso a derechos de los que ya gozaban. Liebenberg recuerda que “los tribunales no deberían privilegiar automáticamente los derechos de propiedad” frente a los sociales (2000, Pg. 59) y coincido con ella en el caso español actual. Si bien puede que el nivel de bienestar que tenían los españoles antes de 2008 quede garantizado, cada vez hay más casos en que se está faltando al principio de progresividad en materia de determinados derechos como el de acceso al trabajo y a una vivienda digna (art 47 constitucional). Igualmente faltan las autoridades españolas a una obligación de garantizar ambos derechos al observarse una falta de medidas y políticas públicas activas para encontrar soluciones intermedias, aceptables, como la dación en pago, que pudiera frenar el deterioro de la situación para varias generaciones de una misma familia que están perdiendo primeras viviendas. Se está produciendo una regresión en cuanto a derechos económicos y sociales sin que el Estado haya sabido o querido ponerle freno y se haya extendido el segmento social en situación de vulnerabilidad. La fractura que observo tiene serias implicaciones para un país que lleva más de 35 años de democracia y que corre peligro de perder aquel pacto social con cada vez más excluidos, muchos de ellos emigrantes ya, del progreso y del bienestar. Posiblemente y aunque en el artículo citado Viguer señale que el margen que tienen los jueces es mínimo para defender los derechos económicos y sociales, a la vista de criterios como el sudafricano podría plantearse algún tipo de lucha o de alternativa desde instancias jurisdiccionales: “El Poder Judicial no puede, por sí solo, corregir todas las injusticias sistemáticas existentes en nuestra sociedad. Pero al menos puede efectivamente suavizar y minimizar el grado de injusticia que acarrea el desalojo de los más débiles que viven en condiciones de desigualdad”, como expresó otra jueza sudafricana, Sachs en el caso Municipalidad de Port Elisabeth con varios ocupantes (2004, Párrafo 38), citado por Liebenberg (pg. 63).

Jon Lee Anderson: "La autocensura hace al periodista cómplice del mal de su sociedad"

El periodista estadounidense Jon Lee Anderson acaba de estar en México y lanzó un mensaje inequívoco a los periodistas de este país: "Si te autocensuras dejas de reportear algo muy importante. Implica que te has hecho pasiva y tácitamente cómplice del mal de tu sociedad que te obliga a la autocensura. Es decir, dejas las cosas en su sitio a cambio de tu integridad física".

Conoce de primera mano los problemas de libertad de expresión que existen, exacerbados por un Gobierno rebasado por el problema de la violencia desatada por una estrategia parcial, corta de miras, militarizada y abusiva. Señala que México comparte los mismos problemas que el Irak de Saddam Hussein, donde el tirano ejerció el terror. Aquí este viene de los grupos criminales pero también de un uso de la fuerza desmedido por parte del Estado.

En este contexto Anderson es muy claro: el periodista puede superar la situación. No debe ser cooptado sino buscar el modo de sacar la información, de pasársela a compañeros de profesión, ONGs, a gente más protegida que uno mismo y con capacidad para divulgarla. Es la única manera de no ser "contaminados moral y éticamente".

"Finalmente el periodista que se autocensura se pone al lado del maleante, del gobernante corrupto, y hace un flaco favor a la población, al público, que terminará tonto, porque no va a saber nada, y va a recurrir a la rumurología para allegarse de información", sentencia.

Los buscavidas

El término "buscavidas" es una palabra aceptada en el idioma español. Se refiere a alguien "demasiado curioso en averiguar las vidas ajenas" y también "persona diligente en buscarse por cualquier medio lícito el modo de vivir". Ambas son aceptadas pero quiero rescatar el segundo sentido.

Llevo varios días recibiendo mensajes, conociendo historias de ciudadanos españoles, muchos de ellos jóvenes, otros no tanto, que están llegando a México con una mano delante y otra detrás. Buscan, tantean, quieren contactos y se arman de lo único que tienen: buen ánimo y su currículum vitae.

Encontrarán un país de oportunidades, sí, donde se trabaja mucho y se paga en general mal, mucho menos que en España en los puestos comunes, aquellos a los que aspirarán los nuevos expatriados de la incompetencia socialista y la irracionalidad de Mariano Rajoy y sus adláteres.

No lo tendrán fácil quienes no vienen blindados por esos contratos de expatriado que ya están en desuso pero sí tendrán oportunidades de abrirse camino en un país con una historia de generosidad hacia los españoles, un país "con personalidad", me decía anoche una de esas expatriadas que encontró acomodo social en México en busca de trabajo a la vez que de justicia.

México da para mucho, y una vez más tiende la mano a los excluidos del sistema español, tan precario y durante tanto tiempo tan cicatero, tan protector para unos cuantos, no para todos.

Javier Sicilia, Max Weber y la "guerra" de Felipe Calderón

El poeta mexicano Javier Sicilia se apartó hace varias semanas de la vida pública mexicana. Ha tomado un receso la voz más firme del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) pero no se ha desligado de la organización y esta semana, con varias actividades, no quiso dejar pasar la efeméride de constitución de esa plataforma y nos ha regalado un artículo muy pertinente desde el punto de vista de los derechos humanos.

Lo acaba de publicar el semanario "Proceso" (Núm 1875 ) y es un lúcido artículo crítico sobre la "guerra" contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón. Muy recomendable lectura.

En "Notas sobre la tragedia de Calderón y el MPJD (un año y medio después)" (pg. 58-60) Sicilia describe el poema épico de "La Ilíada" y señala algo relevante: dice que la fuente de toda tragedia es la desmesura y que en México con la "guerra" de Calderón lo que tenemos es una gran tragedia. Si antaño los griegos que estaban en la guerra aspiraban a "ser como dioses", como sucedió con el Aquiles en la Guerra de Troya, en el México de hoy lo que tenemos es una enorme tragedia absurda.

Denuncia que "las fuerzas ciegas del crimen y del Estado" se mueven ambas "en el territorio de la ambición y de la administración de la vida humana" lo que ha cosificado a las víctimas mexicanas de la violencia. Ambos bandos "rompieron cualquier esperanza de resistencia, de justicia y de paz, produciendo una parálisis moral de la sociedad" mexicana, la gran víctima en sus derechos y en su integridad de esta violencia.

El poeta, convertido sin duda el más duro crítico de Calderón, señala que el MPJD es la "reserva moral del país" por la capacidad que ha tenido en sus dieciocho meses de trayectoria para visibilizar y dignificar a las víctimas de la violencia, los débiles, los primeros sujetos de derechos humanos en México y en cualquier país. El texto está magníficamente escrito pero me animé a postearlo por una razón, uno de los argumentos de Sicilia que ya salió en nuestras lecturas: el de la desmesura.

Hace un par de semanas leyendo fragmentos de "El político y el científico" Max Weber señalaba que el problema ético de la política estaba precisamente determinado por el "uso de la violencia legítima". Decía que las tres cualidades más importantes del político eran "pasión, sentido de responsabilidad y mesura" (pg. 153), justo la que echa de menos Sicilia en Calderón. Weber hablaba de que la política es complicada porque debe equilibrar "la pasión ardiente y la mesurada frialdad" al ser ejercida.

En hora de balances y saldos el presidente de México ha apelado y apelará sin duda a que combatir al crimen organizado de la forma en que lo hizo fue una decisión ética. Puede que no distinga si se posicionó ante el problema desde una ética de la convicción o desde una de la responsabilidad, la que tiene en cuenta las consecuencias de la acción del gobernante, pero lo que es claro es que Sicilia y el movimiento de las víctimas no aprecian en su comportamiento ningún tipo de "mesura".

Si concordamos con Weber en que la violencia es "el medio decisivo de la política" sin duda Calderón encontrará su justificación moral. Pero probablemente desde el bando contrario jamás, jamás, se dejará de ver su comportamiento como gobernante como un exceso, un medio injustificable para salvar a México de un problema de seguridad pública que tiene múltiples caras pero en ningún caso una única solución militar, la privilegiada. Calderón creyó que su violencia era legítima, las víctimas lo han pagado caro y se lo están haciendo saber. Sus derechos subjetivos fueron pisoteados por un planteamiento que políticamente pudo partir de la pasión, pero en absoluto de la mesura.

Este día incluso la sociedad civil ajusta cuentas y refiere abusos a derechos fundamentales inadmisibles. El mandatario enarbola sus justificaciones. Estamos ante un dilema moral de difícil solución pero desde la perspectiva de los derechos humanos creo que debemos afirmar que la "guerra" contra el crimen organizado, en la forma en que la conocemos en México, jamás debió haber sucedido.

Fuero militar mexicano, ni razonable ni justificable en el siglo XXI

El 21 de agosto de 2012 el Supremo mexicano declaró inconstitucional el artículo 57 Fracción II del Código de Justicia Militar, una decisión clave desde el punto de vista de la no discriminación para el ejercicio de la justicia en este país. ¿Por qué?

El fuero militar vigente es un régimen especial que permite que la Justicia Militar sea la que sancione a cualquier militar mexicano involucrado en delitos de guerra o en delitos comunes contra civiles en territorio mexicano. Es decir, si un soldado, un policía y un civil cometen un mismo ilícito, digamos un homicidio doloso, el primero será sometido a un régimen especial ante jueces militares mientras que el segundo y el tercero tendrían que responder ante la ley ordinaria, en este caso el Código Penal vigente. Entendamos pues el fuero especial como un “privilegio” para los soldados.

Por lo anterior podemos decir que la institución militar en México ha gozado de un estatus especial, diferenciado, que evitaba su sometimiento a las leyes que existen para el común de los mexicanos. En tiempos de paz y una intervención de tropas mexicanas en el exterior el fuero militar no se ha usado mucho, digamos que ha pasado desapercibido, pero en los últimos años la discusión sobre si debe o no existir, y, más importante, si viola o no los derechos humanos, se ha hecho más presente. Desde que el presidente Felipe Calderón lanzó su estrategia de combate al crimen organizado desplegando a militares en varios estados de México el riesgo de un trato desigual en materia de justicia se ha hecho muy presente. Lo considero preocupante.

Decía hasta el 21 de agosto pasado el artículo 57. II del Código de Justicia Militar que si militares violan los derechos humanos de una persona, serían juzgados por la justicia castrense. La Suprema Corte de Justicia de la Nación cambió eso con distintos argumentos. Uno de los argumentos que pudieron haberse utilizado en la discusión del caso era el de que el fuero militar se apartaba de la justicia y de razón. Existía una distinción de tratamiento que no era razonable ni tenía una justificación objetiva: ¿qué razón hay en que se apliquen leyes o regímenes legales especiales hoy en día ante una violación a los derechos humanos? ¿Qué puede justificar que un militar no sea juzgado ante, por ejemplo, una violación a una mujer indígena, con la misma severidad que si el delito lo comete un civil?

Además el comportamiento del Estado mexicano va en contra de la definición contenida en la Opinión Consultiva emitida por la CorteIDH en 1984, que establece que los objetivos de la norma “no pueden apartarse de la justicia o de la razón” ni “perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana”, como ha señalado Anne Bayefsky ("El principio de igualdad o no discriminación en el Derecho Internacional". Human Rights Law Journal, 1990).

El caso no es una invención. Las indígenas Me’phaas Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron violadas en febrero y marzo de 2002 por soldados del 41 Batallón Militar de guerrero. En puridad el caso correspondía al fuero castrense pero no se resolvió. Ellas lo llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en Octubre de 2010 impuso al Estado mexicano la obligación de pedir perdón, reparar daños y hacer justicia a las dos mujeres. En diciembre de 2011 se pidió perdón a Valentina. Falta el acto público de desagravio para Inés. Pero eso no es lo más importante. Los soldados no están identificados, tampoco juzgados.

El Gobierno de México dice estar en camino de cumplir con los compromisos pero son diez años sin justicia en el caso, una demora que se suma al daño físico y psicológico ya infligido. Esta semana Santiago Cantón sugería que más que un asunto de justicia el caso de las dos indígenas parece tener que ver más con la falta de voluntad política, un deseo de no importunar a quienes supuestamente se sacrificaron más que otros mexicanos en el combate al crimen organizado.

Ciudad Juárez sin ley

La periodista mexicana Sandra Rodríguez Nieto impresiona cuando habla. Tiene muchos años años trabajando en "El Diario de Juárez", el periódico de referencia en Ciudad Juárez, una urbe que se encuenta prácticamente en a mitad de la frontera México-Estados Unidos. Es un territorio de sufrimiento sobre todo porque la gente que la habita ha perdido la esperanza en que se les haga justicia.

Lo anterior lo explica al estilo del mejor periodismo gringo en "La fábrica del crimen" (2012): toma un caso, el del joven Vicente, que asesinó a su familia para tratar de cobrar un rescate, y que años después se enrolló en una pandilla para terminar después asesinado en una calle perdida de Juárez.

Sandra convence porque conoce bien el territorio del que escribe y no cae en lo fácil: el sensacionalismo. En Juárez parece que la realidad tiene límites extraordinarios, como demostró otro caso paradigmático, el asesinato el 31 de enero de 2010 de dieciocho jóvenes que nada tenían que ver con la criminalidad, en una vivienda donde estaban reunidos celebrando una fiesta. Cuando los que visitan México preguntan qué está pasando en el país esa masacre siempre viene a mi memoria, quizás porque el Gobierno erró al acusar a los chicos de ser maleantes en un primer momento, y luego rectificó, o quizás porque aún conservo en la memoria la actitud heroica de las madres de algunos de ellos que recriminaron con dureza y con una claridad meridiana a Calderón su error y la estrategia de muerte que el mandatario califica de "integral", de lucha contra las organizaciones criminales.

A menos de tres meses de unas nuevas elecciones importa mucho hacia dónde camina México en su combate contra la violencia derivada del narcotráfico y el crimen organizado. Lo paradójico es que ningún candidato está siendo lo suficientemente explícito ni preciso para detallarlo.

Benedicto XVI en México (segunda parte)

El papa Benedicto XVI saldó su deuda con la muy esperada y deseada visita a México del 23 al 26 de marzo pasados pero dejó sin consuelo a las víctimas mexicanas de abusos sexuales cometidos por el fundador de la Legión de Cristo, Marcial Maciel, a quienes no recibió.
La sede del viaje fue terreno amigo, tres ciudades de Guanajuato (León, Silao y Guanajuato), un estado gobernado por el conservador Partido Acción Nacional (PAN), el de Calderón, y con un 93% de población católica, por encima del promedio nacional (83%).
El acto culminante de la visita fue la multitudinaria misa celebrada el 25 de marzo en el Parque Guanajuato Bicentenario, donde Benedicto XVI advirtió contra la fe "superficial y rutinaria, a veces fragmentaria e incoherente" y exhortó a los cristianos a superar "el cansancio" de la fe ante unas 640.000 personas que le acompañaron.
Pese a que Benedicto XVI había condenado y deplorado en numerosas ocasiones los abusos sexuales contra los pequeños por parte de clérigos pederastas, en México no se encontró con víctimas de los cometidos por Marcial Maciel (1920-2008), un sacerdote mexicano muy cercano en vida al hoy beato Juan Pablo II (1920-2005).
Hace días una de las víctimas, Juan José Vaca, reprochaba al papa "haber ignorado" a ese grupo de personas en su visita a México y descalificaba al "indignísimo" clero mexicano, representado en la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) por no haber posibilitado ese gesto hacia las víctimas de Maciel.
"¿Por qué no ha querido usted en México estar cerca de las víctimas del tan ignominioso sacerdote Marcial Maciel?", le inquiría en una carta abierta al fundador de los Legionarios de Cristo, congregación creada el 3 de enero en 1941 y autorizada por la Santa Sede en 1948.
Foco de controversias desde que comenzó su vida religiosa, el papa Benedicto XVI le exigió el 19 de mayo de 2006 a Maciel renunciar a todo "ministerio público" de su actividad sacerdotal y a llevar una vida retirada.
Por su avanzada edad, Benedicto XVI determinó que no fuese sometido a ningún proceso canónico pero intervino su congregación, que en 2010 reconoció que Maciel abusó sexualmente de seminaristas menores, tuvo "otros graves comportamientos" (consumo de drogas) e hijos con varias mujeres.
Los encuentros con víctimas de sacerdotes pederastas han sucedido ya en Estados Unidos y Australia (2008), en Portugal y en Malta (2010), y en Alemania (2011), no así durante la estancia de estos días en Guanajuato.
Algunos críticos del viaje han señalado que el mismo sirvió sobre todo al Gobierno mexicano para proyectarse ante la opinión pública a pocos meses de las elecciones presidenciales del 1 de julio.

Dos Papas en México (primera parte sobre visita de Benedicto XVI a México)

La visita a México de Benedicto XVI (23 al 26 de marzo de 2012) será la única de su pontificado. Estuve en León, en el central estado de Guanajuato, y encontré dos actitudes ante la visita, y dos montajes, al menos, de la misma.
El primero es el que correspondía a los fieles. Cientos de miles de católicos, sobre todo del centro de México, se sumaron con entusiasmo al viaje papal. Guanajuato es un estado conservador del centro del México, hermoso, lleno de gente trabajadora y relativamente tranquilo en lo tocante al crimen organizado. Es una zona de México austera y alegre a la vez. Es el interior del país pero una zona definitivamente favorecida por un espíritu de lucha y de laboriosidad entre sus habitantes. Hay más gente que se dice católica (93%) que en el promedio nacional mexicano (83% y decreciendo). Con todo México es el segundo país con más fieles católicos del mundo, solo superado por Brasil. En esta primera faceta, la de los creyentes, peregrinos, viajeros, la visita del papa Benedicto XVI fue un éxito.
Probablemente nos inflaron un poco las cifras de asistencia a la Eucaristía multitudinaria del 25 de marco (640.000 personas) pero definitivamente el fervor y las oraciones estuvieron ahí. También los rezos por la paz, que México necesita desesperadamente aunque la devoción no baste para variar una deriva social y política.

Un pero a esa dimensión del viaje fue el papel de Televisa y TV Azteca, las dos cadenas de televisión dominantes en este país, privadas las dos, que convirtieron la visita en un espectáculo de rock. Sus presentadores tuvieron acceso privilegiado a los eventos, estuvieron en primerá línea a diferencia del resto de la prensa, nacional e internacional, y un trato de favor dispensado por las autoridades vaticanas.

La segunda vertiente que tuvo el viaje fue la política. Ahí entran los cálculos de Estado y el protagonismo extraordinario del presidente Felipe Calderón, católico practicante, que no dudo en poner al Estado a los pies del papa. Estaba a punto de comenzar la campaña electoral hacia los comicios presidenciales del 1 de julio próximo, y el mandatario hizo lo imposible por mezclar religión y política. México es un estado laico, el mandatario al menos reconoció eso, pero se puso al lado del papa Benedicto siempre que pudo, simulo una reunión privada para tratar temas de Estado que no sucedió, y dio a conocer un comunicado de asuntos tratados que era irrisorio para el tiempo que ambos tuvieron. Por cierto que ningún funcionario mexicano estuvo disponible para ofrecer detalles del encuentro. Será que nunca sucedió tal como se expresa el comunicado. Además Benedicto XVI se ahorró las críticas al Gobierno mexicano en la tan cuestionada estrategia contra la delincuencia organizada. No vio en Calderón al gobernante que, seguramente de manera bien intencionada, ha truncado la paz social de su país. Su lucha contra los criminales es frontal pero no inteligente, y no ha sido capaz de darle a la misma una "dimensión integral" desde el primer momento en que la lanzo. Ahora, a pocos meses de dejar el poder, hace denodados esfuerzos por explicar lo necesaria que era, pero en el camino hay más de 50.000 muertos, muchos de ellos inocentes, no miembros de los grupos criminales...

Entre ambas dimensiones de la visita, tres graves omisiones: (1) el papa no se reunió con Javier Sicilia, el poeta que expresa el dolor de las víctimas de la violencia asociada con la lucha contra la criminalidad. Además (2) el papa no recibió a las víctímas de pederastia clerical en México, como había hecho en Alemania, Malta, Irlanda y Estados Unidos en viajes anteriores. Por último, (3) el papa Ratzinger tampoco ofreció explicaciones de los abusos y la doble vida de Marcial Maciel, el fundador de la Congregación de los Legionarios de Cristo. Dos omisiones graves que, seguramente, hay que atribuir a los expresos deseos de la cúpula de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) que encabeza Carlos Aguiar Retes. Monseñor veía un micrófono esos días en León y se daba automáticamente la vuelta, con una sonrisa en los labios. Sonrisa de quien sabe que dejó al papa sin algo importante por hacer: pedir un perdón sincero a esas víctimas abusadas.

Florence Cassez seguirá encarcelada

La Corte Suprema de México decidió hoy mantener en prisión a la ciudadana francesa Florence Cassez, acusada de secuestro y crimen organizado. Con el Gobierno mexicano encabezado por el presidente Felipe Calderón presionando abiertamente a los magistrados y con muchas opiniones a favor y en contra de la excarcelación, al final un voto le faltó a Cassez para quedar libre.

Cierto, la francesa está muy arropada también por Francia y por el presidente Nicolás Sarkozy, probablemente en sus últimos meses en el Palacio del Eliseo. Pero política aparte los argumentos jurídicos de peso que esgrime la defensa de la francesa la habrían ya puesto en la calle hace tiempo.

Florence fue arrestada por policías el 8 de diciembre de 2005 y un día más tarde puesto en escena un montaje televisivo que simulaba que la francesa mantenía secuestradas a tres personas y pertenecía a la banda de Los Zodíaco. El caso, iniciado con semejante burda maquinación, se le ha vuelto en contra a la Procuraduría General de la República (Fiscalía), que por nada del mundo desea mostrar debilidad o vacilación en sus argumentos. A México le va mucho en juego, muchísimo: la capacidad de sus sistema de justicia. Con todo y una condena a 60 años en su contra, que la condena a una vida entre rejas, Cassez no es la que más tiene que perder en este caso contaminado de irregularidad y arbitrariedades, un caso que apesta y que demuestra la debilidad institucional que existe en México.

La mala cara de Catherine Ashton

Hace unos días visitó México la Alta Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, la británica Catherine Ashton. El 10 de febrero pasado estaba invitada a la más antigua de las universidades latinoamericanas, la Nacional Autónoma de México (UNAM), y fue recibida por el decano de la Facultad de Ciencias Políticas.

Ashton iba a dar una conferencia con un título convencional: "El papel de la UE en el mundo". Se había llenado el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo Universitario (MUAC) de gente y de prensa, que la siguió durante los tres días de su visita. Expectantes, Ashton tardo algo en aparecer. Pero minutos antes de hacerlo sus adláteres, varios funcionarios procedentes de Bruselas, trajeados, serios, empezaron a mirar con desconfianza a la bulliciosa grada. Comenzaron a apuntar con el dedo, como no se hace en casa ajena, menos siendo uno el invitado. Poco antes de aparecer la representante de la UE se pidió a la prensa abandonar la sala. La orden se matizó: "Tendrán cinco minutos para hacer su trabajo. Después, fuera".

La situación era embarazosa para el personal de la UNAM, para todos menos para el decano de Ciencias Políticas, Fernando Pérez Correa, quien no le puso peros a los funcionarios europeos. Lo increíble se consumó. Ashton comenzó a hablar, trató de hacerse la simpática y tardó diez minutos en callarse, sin lograrlo. Hablaba de derechos humanos, de lo importante que es la UE, y del respeto a sus socios. De repente se hizo el silencio, se sentó y se calló. Los periodistas desalojamos en poco tiempo el auditorio, los estudiantes no chistaron, no protestaron... Un insulto europeo.

El resto de la ponencia, las preguntas y respuestas, casi no se escucharon por el sistema de audio instalado fuera de salón. La charla fue intrascendente y al día siguiente las crónicas no hablaron de las excelencias europeas sino de la situación tan desafortunada, ofensiva, que se vivió en la UNAM. Un triste y lamentable espectáculo, una lección de falta de diplomacia y modales. Todo un despropósito.

Garzón deja de ser juez

El juez Baltasar Garzón dio hoy la vuelta al mundo. Quedó inhabilitado por diez años en una sentencia dudosa por la gravedad de la pena que impuso, por la severidad del veredicto, ante un magistrado que lo ha dado casi todo por la justicia. Digo casi porque Garzón impuso un estilo ajeno al del Poder Judicial en España, hermético, corporativista, poco abierto a la sociedad.

En México no es distinto. El mundo de la ley hace mucho que se alejó del hombre y del cotidiano con algunas excepciones como Garzón. Sin duda, el magistrado español tensó la ley hasta el límite, rebasó seguramente con las escuchas ilegales que ordenó el límite de la ley, pero su paseo por el abismo pudo no haber sido una caída. El caso se pudo haber resuelto con una amonestación, con una recusación, con separarle del cargo unos meses, o algún año, no los once de la pena. Garzón es un juez pero también un símbolo de la justicia, un hombre progresista que le hizo un bien inmenso a la sociedad española en batallas contra el narcotráfico y el terrorismo, y a la justicia internacional, en las causas por las desapariciones en Argentina o en el procesamiento de Augusto Pinochet, humillado en vida por los crímenes del pasado con la ley en la mano.

Me queda claro que no hay verdades únicas, me queda claro que también los acusadores tienen algo de razón en el caso del juez más mediático, más político, de la judicatura española. Lo que no entiendo es que se me trate de vender una sentencia de ejemplaridad en un sistema dudoso, arbitrario a veces, subjetivo, y que hace agua tantas y tantas veces. Humilla ver a Garzón convertido en víctima porque es un triunfo de la justicia facciosa, un triunfo de las medias verdades, una victoria del Estado de Derecho convenienciero. No creo en democracias como es que juzgan solo cuando les conviene, que buscan chivos expiatorios, que olvidan la historia y que pretenden pasar página sin entender que hacer justicia exige de un peso moral mayor del que tiene un Tribunal que a sí mismo se hace llamar Supremo siendo falible. Tiempo al tiempo, la última página del caso se leerá en Estrasburgo, en unos años, probablemente.

"Me llamo Rachel Corrie", un canto a la paz palestino-israelí

Estos días se está presentando en México la obra dramática "Me llamo Rachel Corrie", un monólogo pacifista inspirado en una joven estadounidense asesinada por una aplanadora israelí en marzo de 2003. Sin quererlo esta universitaria estadounidense se convirtió en un símbolo de la paz en el contexto del conflicto palestino-israelí.

No es normal que ese conflicto llegue hasta nosotros pero lo ha hecho casi como pretexto, en una magnífica obra de teatro montada por Edgar Álvarez y por María Inés Pintado. Se estrenó en 2005 de mano de Alan Rickman, de la Royal Court de Londres. Estuve viéndola hace unos días y hablé con los protagonistas, director y actriz.

Edgar me contaba que el proyecto le llamó porque "pone en el centro de la discusión los derechos humanos". "El tema me movió mucho, no exclusivamente por que sea la guerra entre Palestina e Israel, sino tratar de ubicar una guerra lejana y que se nos volviera cercana. En México estamos viviendo otra guerra parecida (del Estado contra las organizaciones criminales, aunque sea otro tipo de guerra".

Pintado, que da vida a Corrie y a sus parientes, señala que protagonizar la obra fue "un regalo" que le ayudó a "profundizar en el tema de Palestina". "Ha sido muy complicado el proceso", tres meses de trabajo hasta la puesta en escena. Explica que la actuación ha sido su reto mayor hasta ahora, un trabajo sobre "un tema importante, universal, una oportunidad de sensibilizar un poco a la gente con respecto a la violencia tan espantosa que estamos viviendo en el mundo".

Rechaza de que Rachel sea una mujer ingenua por querer cambiar el mundo. "Era una persona visionaria, tenía un gran espíritu de lucha y era una gran artista, escribía muy bien. Era de esos pocos seres que existen o que existieron, todavía, que quieren poner su granito de arena".

La obra se mantiene en cartelera del teatro El Granero, en el Centro Cultural El Bosque hasta finales de noviembre. Merece mucho la pena, me hubiera gustado mucho ir con mi pequeña.

Cinco siglos machacando lenguas

Ciudad de México es un lugar inmenso. Hoy tristemente apenas un centenar de personas asistieron al IV Encuentro de Lenguas en Peligro organizado en la capital mexicana. Fueron cuatro ponentes de Argentina, Brasil, Chile y México que, cada uno con sus sociedades como referencia, hablaron de un drama común: la desaparición de lenguas indígenas.

Contaron cómo hay lenguas en el mundo habladas por una o dos personas. Más que "hablantes" eran "reconocedores" de las mismas, gente capacitada para entenderla, pero incapaz de utilizarlas porque las lenguas usadas por tan poca gente pierden su sentido social, su función comunicativa para una comunidad.

Aprendí que en México prefieren no hablar de "lengua" sino de familias lingüísticas ya que de once familias derivan 68 agrupaciones y 364 variantes. En Argentina se niegan a darlas por extinguidas, y en Chile animan a que los hablantes se adueñen de las redes sociales para ayudar a que sobrevivan.

Finalmente en Brasil el especialista Aryon Dall'Igna contó cómo en ese país puede haber en estos momentos entre veinte y treinta grupos indígenas con los que aún no ha entrado en contacto el ser humano "civilizado" y que, en contraste con los que se hacía antaño, expediciones para dar con ellos, ahora se prefiere dejarles vivir en paz, sin interferir en sus vidas. ¿Un nuevo derecho humano? El derecho a no ser perturbado por la civilización, la globalización y sus taras...

Silencio poético

Juan Francisco Sicilia era un joven de 24 años que fue asesinado junto con seis más el pasado 28 de marzo en Temixco, estado de Morelos. Era el hijo de Javier Sicilia, un poeta que ha decidido callar y no volver a escribir poemas hasta que México no recupere la dignidad. Hoy miles de personas se han concentrado en Cuernavaca y otras ciudades del mundo para repudiar la violencia criminal que hay en el país y exigir su fin (@mxhastalamadre).

El presidente Felipe Calderón mantiene su discurso: estoy dispuesto a variar de estrategia contra los cárteles. Sin embargo no la ha movido ni un ápice, no reacciona. La mantiene con el mismo discurso, el de la inevitabilidad; con el mismo método, las armas del Ejército; y con el mismo propósito, aniquilar a las organizaciones criminales.

México está cansado, Javier Sicilia también. Su voz articula un grito desesperado que se va a oír más fuerte estos días. No se ve el fin, parece que estamos ante el comienzo de una "revolución de los jazmines" a la mexicana, o una "revolución de los tamales", o un grito desesperado que sale desde el corazón pero que debemos esforzarnos por hacerlo racional, limpio y respetuoso con los derechos humanos de todos, incluyendo si cabe los de los asesinos. No hay reto mayor en el México de hoy, un país que llora, un pueblo herido.

Censura oficializada

México cuenta ya con un pacto para la censura. El pasado 24 de marzo un grupo de medios de comunicación liderado por Televisa y TV Azteca firmó un pacto para tratar de no hacer apología de la violencia ligada al crimen organizado. Sellaron un acuerdo de diez puntos cuya firma ha tenido cierta repercusión internacional .

La decisión me parece un desatino. Los medios de comunicación mexicanos, acosados por la delincuencia organizada, han dejado de informar y ahora tratarán de minimizar la cobertura de algunos acontecimientos crueles o de alta trascendencia social. Es decir, la autorregulación se ha convertido en censura acomodada, podríamos decir oficializada. Si bien ningún funcionario del Gobierno de Felipe Calderón acudió a la firma del acuerdo, transmitida en directo por canales de televisión privados como si de un espectáculo "prime time" por el bien de la sociedad se tratase, el espíritu del acuerdo encierra puntos preocupantes que se parecen mucho, demasiado a la censura. Veo el acuerdo como un modo de acotar la libertad de expresión .

¿Cómo es posible que los medios de comunicación acuerden ahora "no convertirse en voceros involuntarios" de la delincuencia organizada? (Punto 2) ¿Quién valorará esa circunstancia? ¿Quién determina cómo se debe "dimensionar adecuadamente" la información? (Punto 3).

Y el más grave de todos, el punto décimo: "No interferir en el combate a la delincuencia. Los medios no deben difundir información que ponga en riesgo la viabilidad de las acciones y los operativos contra la delincuencia organizada o que comprometan la vida de quienes la combaten o la de sus familias". ¿Quién informará ahora de los abusos cometidos por soldados mexicanos contra la población civil? ¿Quién cuestionará la estrategia del Gobierno que se dice dispuesto a modificar su estrategia sin haberla enmendado ni un ápice? Al final trataban de arreglar el desaguisado de ese último punto: (Continuación) "Pero no se debe renunciar a cuestionar la efectividad de las acciones del Estado en el combate al crimen organizado".

En una democracia moderna los medios de comunicación actúan con autonomía y sentido de responsabilidad, no se unen para mostrarse ante la sociedad como una conciencia única de lo que está bien o lo que está mal. No moralicemos, informemos.

Presunto culpable, K.O.

Dos abogados mexicanos han lanzado un documental que desnuda las carencias del sistema de justicia mexicano. Un joven, Antonio Zúñiga, "Toño", es víctima de una falsa acusación de homicidio y condenado a veinte años de cárcel.

Los abogados, Layda Negrete y Roberto Hernández, meten las cámaras en el juicio y lo graban. Si bien la Constitución mexicana garantiza que los juicios sean públicos, este ha sido todo un escándalo porque el acusado "Toño" es víctima de las incompetencias del juez, de la fiscal y de un sistema de justicia pervertido y absurdo, basado en expedientes escritos y sin apenas importar la vista oral.

Las fallas del caso, detectadas a tiempo, permitieron montar una defensar firme para Toño y sacarle... tras cuatro años en prisión. El documental llevaba dos semanas en cartelera pero una juez ha logrado su suspensión provisional porque el único testigo del caso, que acusa falsamente a "Toño" y que era menor en el momento del juicio, jamás dio su consentimiento al uso de su imagen y se dice perjudicado. Lleva razón, pero la juez anula con su proceder la difusión a una película que pone en evidencia a todo un sistema de justicia, el mexicano, que hace agua por los cuatro costados.

No es el único juicio amañado, pervertido, viciado, que ha habido en México. Muchos se desconocen, otros como el de la francesa Florence Cassez, condenada a 60 años por secuestro, están seriamente cuestionados. No pongo la mano en el fuego por el sistema penal de este país, ni por un documental que contiene un par de fallos graves en su elaboración pero que encierra un mensaje fundamental: la democracia mexicana está pervertida por un sistema de justicia que no es creíble ni justo, que la pone en peligro y que tiene que cambiar ya. Fin a las simulaciones.