La ciudadana francesa Florence Cassez fue liberada hace pocos días en México y enviada a Francia. No fue declarada culpable ni inocente de secuestro, pero un grave error procesal permitió que el Supremo mexicano la dejara libre tras siete años encarcelada. Hace dos años y medio entrevisté a Cassez y para hablar de su situación. Siempre insistió en que era inocente, algo que nunca sabremos. Por el interés que cobró el caso reproduzco ahora un extracto de aquella conversación que nunca vio la luz. Este día la francesa habló del tema con medios franceses:
Francesa condenada admira a la colombiana Ingrid Betancourt y está agradecida con la periodista mexicana Lydia Cacho (JUNIO DE 2010)
La francesa Florence Cassez, quien cumple en México una condena de 60 años de cárcel por secuestro, declaró hoy que admira a la colombiana Ingrid Betancourt y que está agradecida con la periodista mexicana Lydia Cacho, quien, sin conocerla, abordó su situación en un artículo publicado en mayo.
En una entrevista telefónica Cassez dijo que su situación no es comparable con la que vivió la colombiana Betancourt pero ambas tienen algo en común: "las dos fuimos secuestradas".
Cassez se refirió a unas declaraciones de Betancourt, quien el 24 de septiembre del pasado año, en una gala celebrada en Montreal (Canadá), pidió públicamente "un juicio imparcial" para Cassez.
"Yo pienso que peor que la ausencia de justicia y el hecho de no encontrar a los culpables, peor que eso, es condenar a inocentes. No lo olviden, Florence Cassez también nos necesita", sostuvo entonces.
La francesa fue detenida el 8 de diciembre de 2005 por policías, que la retuvieron sin presentarla ante un juez un día y al siguiente, hicieron un montaje con la simulación en vivo, ante las cámaras de televisión, de su rescate.
Por su parte la ex aspirante presidencial colombiana permaneció en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de 2002 a 2008.
"Es una mujer que me impactó, su corazón, su sensibildiad, su calma, su madurez...", explicó Cassez, quien tras conocer el apoyo que le había brindado Betancourt le escribió una carta de agradecimiento, cuyo contenido no ha hecho público.
También extendió su gratitud también Cassez a la periodista mexicana Lydia Cacho, quien el pasado 20 de mayo escribió una columna en el periódico El Universal que tituló "Lo que oculta Calderón".
"No la conozco y tomó partido", explica Cassez, quien tiene consigo una copia de la columna de opinión donde Cacho afirma que "Cassez es ya un símbolo en Francia, no por lo que mostró la autoridad mexicana en los medios, sino por lo que parece querer ocultar".
En el artículo la periodista, reconocida por su activismo en favor de las mujeres y contra las mafias de la pederastia, se pregunta por qué el presidente Felipe Calderón se ha opuesto a que la joven purgue su pena en Francia, algo que permite la Convención de Estrasburgo, ratificada por México e invocado por Francia, que mantiene reservas a un artículo.
Éstas constituyen "un impedimiento para garantizar que Florence Cassez purgue la totalidad de su pena en territorio francés", según el Gobierno mexicano.
Cacho recuerda que el sistema de justicia penal en México es inoperante, víctima de las "incapacidades y la corrupción de las procuradurías (fiscalías)", lo que ha motivado una aplicación de la justicia deficiente.
"Digamos que ya nos acostumbramos (en México) al perverso juego de la justicia diferida, la protección de los verdaderos culpables, y el doble discurso presidencial sobre el crimen y el castigo. Pero en Europa apenas están descubriendo esta realidad atroz", apuntó Cassez desde el Centro Femenino de Readaptación Social de Tepepan, en el sur de la capital mexicana.
Finalmente la presa francesa Cassez se dijo también muy agradecida con el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, quien repetidamente ha pedido al presidente Calderón, de México, que permita que Cassez sea repatriada para que cumpla su condena en Francia.
"Políticamente él me defiende bien, muy bien (...) Qué bueno, qué suerte, qué afortunada. Toda mi vida estaré agradecida con eso", agregó Cassez.
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miércoles, 30 de enero de 2013
jueves, 11 de octubre de 2012
Fuero militar mexicano, ni razonable ni justificable en el siglo XXI
El 21 de agosto de 2012 el Supremo mexicano declaró inconstitucional el artículo 57 Fracción II del Código de Justicia Militar, una decisión clave desde el punto de vista de la no discriminación para el ejercicio de la justicia en este país. ¿Por qué?
El fuero militar vigente es un régimen especial que permite que la Justicia Militar sea la que sancione a cualquier militar mexicano involucrado en delitos de guerra o en delitos comunes contra civiles en territorio mexicano. Es decir, si un soldado, un policía y un civil cometen un mismo ilícito, digamos un homicidio doloso, el primero será sometido a un régimen especial ante jueces militares mientras que el segundo y el tercero tendrían que responder ante la ley ordinaria, en este caso el Código Penal vigente. Entendamos pues el fuero especial como un “privilegio” para los soldados.
Por lo anterior podemos decir que la institución militar en México ha gozado de un estatus especial, diferenciado, que evitaba su sometimiento a las leyes que existen para el común de los mexicanos. En tiempos de paz y una intervención de tropas mexicanas en el exterior el fuero militar no se ha usado mucho, digamos que ha pasado desapercibido, pero en los últimos años la discusión sobre si debe o no existir, y, más importante, si viola o no los derechos humanos, se ha hecho más presente. Desde que el presidente Felipe Calderón lanzó su estrategia de combate al crimen organizado desplegando a militares en varios estados de México el riesgo de un trato desigual en materia de justicia se ha hecho muy presente. Lo considero preocupante.
Decía hasta el 21 de agosto pasado el artículo 57. II del Código de Justicia Militar que si militares violan los derechos humanos de una persona, serían juzgados por la justicia castrense. La Suprema Corte de Justicia de la Nación cambió eso con distintos argumentos. Uno de los argumentos que pudieron haberse utilizado en la discusión del caso era el de que el fuero militar se apartaba de la justicia y de razón. Existía una distinción de tratamiento que no era razonable ni tenía una justificación objetiva: ¿qué razón hay en que se apliquen leyes o regímenes legales especiales hoy en día ante una violación a los derechos humanos? ¿Qué puede justificar que un militar no sea juzgado ante, por ejemplo, una violación a una mujer indígena, con la misma severidad que si el delito lo comete un civil?
Además el comportamiento del Estado mexicano va en contra de la definición contenida en la Opinión Consultiva emitida por la CorteIDH en 1984, que establece que los objetivos de la norma “no pueden apartarse de la justicia o de la razón” ni “perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana”, como ha señalado Anne Bayefsky ("El principio de igualdad o no discriminación en el Derecho Internacional". Human Rights Law Journal, 1990).
El caso no es una invención. Las indígenas Me’phaas Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron violadas en febrero y marzo de 2002 por soldados del 41 Batallón Militar de guerrero. En puridad el caso correspondía al fuero castrense pero no se resolvió. Ellas lo llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en Octubre de 2010 impuso al Estado mexicano la obligación de pedir perdón, reparar daños y hacer justicia a las dos mujeres. En diciembre de 2011 se pidió perdón a Valentina. Falta el acto público de desagravio para Inés. Pero eso no es lo más importante. Los soldados no están identificados, tampoco juzgados.
El Gobierno de México dice estar en camino de cumplir con los compromisos pero son diez años sin justicia en el caso, una demora que se suma al daño físico y psicológico ya infligido. Esta semana Santiago Cantón sugería que más que un asunto de justicia el caso de las dos indígenas parece tener que ver más con la falta de voluntad política, un deseo de no importunar a quienes supuestamente se sacrificaron más que otros mexicanos en el combate al crimen organizado.
El fuero militar vigente es un régimen especial que permite que la Justicia Militar sea la que sancione a cualquier militar mexicano involucrado en delitos de guerra o en delitos comunes contra civiles en territorio mexicano. Es decir, si un soldado, un policía y un civil cometen un mismo ilícito, digamos un homicidio doloso, el primero será sometido a un régimen especial ante jueces militares mientras que el segundo y el tercero tendrían que responder ante la ley ordinaria, en este caso el Código Penal vigente. Entendamos pues el fuero especial como un “privilegio” para los soldados.
Por lo anterior podemos decir que la institución militar en México ha gozado de un estatus especial, diferenciado, que evitaba su sometimiento a las leyes que existen para el común de los mexicanos. En tiempos de paz y una intervención de tropas mexicanas en el exterior el fuero militar no se ha usado mucho, digamos que ha pasado desapercibido, pero en los últimos años la discusión sobre si debe o no existir, y, más importante, si viola o no los derechos humanos, se ha hecho más presente. Desde que el presidente Felipe Calderón lanzó su estrategia de combate al crimen organizado desplegando a militares en varios estados de México el riesgo de un trato desigual en materia de justicia se ha hecho muy presente. Lo considero preocupante.
Decía hasta el 21 de agosto pasado el artículo 57. II del Código de Justicia Militar que si militares violan los derechos humanos de una persona, serían juzgados por la justicia castrense. La Suprema Corte de Justicia de la Nación cambió eso con distintos argumentos. Uno de los argumentos que pudieron haberse utilizado en la discusión del caso era el de que el fuero militar se apartaba de la justicia y de razón. Existía una distinción de tratamiento que no era razonable ni tenía una justificación objetiva: ¿qué razón hay en que se apliquen leyes o regímenes legales especiales hoy en día ante una violación a los derechos humanos? ¿Qué puede justificar que un militar no sea juzgado ante, por ejemplo, una violación a una mujer indígena, con la misma severidad que si el delito lo comete un civil?
Además el comportamiento del Estado mexicano va en contra de la definición contenida en la Opinión Consultiva emitida por la CorteIDH en 1984, que establece que los objetivos de la norma “no pueden apartarse de la justicia o de la razón” ni “perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana”, como ha señalado Anne Bayefsky ("El principio de igualdad o no discriminación en el Derecho Internacional". Human Rights Law Journal, 1990).
El caso no es una invención. Las indígenas Me’phaas Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron violadas en febrero y marzo de 2002 por soldados del 41 Batallón Militar de guerrero. En puridad el caso correspondía al fuero castrense pero no se resolvió. Ellas lo llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en Octubre de 2010 impuso al Estado mexicano la obligación de pedir perdón, reparar daños y hacer justicia a las dos mujeres. En diciembre de 2011 se pidió perdón a Valentina. Falta el acto público de desagravio para Inés. Pero eso no es lo más importante. Los soldados no están identificados, tampoco juzgados.
El Gobierno de México dice estar en camino de cumplir con los compromisos pero son diez años sin justicia en el caso, una demora que se suma al daño físico y psicológico ya infligido. Esta semana Santiago Cantón sugería que más que un asunto de justicia el caso de las dos indígenas parece tener que ver más con la falta de voluntad política, un deseo de no importunar a quienes supuestamente se sacrificaron más que otros mexicanos en el combate al crimen organizado.
miércoles, 21 de marzo de 2012
Florence Cassez seguirá encarcelada
La Corte Suprema de México decidió hoy mantener en prisión a la ciudadana francesa Florence Cassez, acusada de secuestro y crimen organizado. Con el Gobierno mexicano encabezado por el presidente Felipe Calderón presionando abiertamente a los magistrados y con muchas opiniones a favor y en contra de la excarcelación, al final un voto le faltó a Cassez para quedar libre.
Cierto, la francesa está muy arropada también por Francia y por el presidente Nicolás Sarkozy, probablemente en sus últimos meses en el Palacio del Eliseo. Pero política aparte los argumentos jurídicos de peso que esgrime la defensa de la francesa la habrían ya puesto en la calle hace tiempo.
Florence fue arrestada por policías el 8 de diciembre de 2005 y un día más tarde puesto en escena un montaje televisivo que simulaba que la francesa mantenía secuestradas a tres personas y pertenecía a la banda de Los Zodíaco. El caso, iniciado con semejante burda maquinación, se le ha vuelto en contra a la Procuraduría General de la República (Fiscalía), que por nada del mundo desea mostrar debilidad o vacilación en sus argumentos. A México le va mucho en juego, muchísimo: la capacidad de sus sistema de justicia. Con todo y una condena a 60 años en su contra, que la condena a una vida entre rejas, Cassez no es la que más tiene que perder en este caso contaminado de irregularidad y arbitrariedades, un caso que apesta y que demuestra la debilidad institucional que existe en México.
Cierto, la francesa está muy arropada también por Francia y por el presidente Nicolás Sarkozy, probablemente en sus últimos meses en el Palacio del Eliseo. Pero política aparte los argumentos jurídicos de peso que esgrime la defensa de la francesa la habrían ya puesto en la calle hace tiempo.
Florence fue arrestada por policías el 8 de diciembre de 2005 y un día más tarde puesto en escena un montaje televisivo que simulaba que la francesa mantenía secuestradas a tres personas y pertenecía a la banda de Los Zodíaco. El caso, iniciado con semejante burda maquinación, se le ha vuelto en contra a la Procuraduría General de la República (Fiscalía), que por nada del mundo desea mostrar debilidad o vacilación en sus argumentos. A México le va mucho en juego, muchísimo: la capacidad de sus sistema de justicia. Con todo y una condena a 60 años en su contra, que la condena a una vida entre rejas, Cassez no es la que más tiene que perder en este caso contaminado de irregularidad y arbitrariedades, un caso que apesta y que demuestra la debilidad institucional que existe en México.
jueves, 9 de febrero de 2012
Garzón deja de ser juez
El juez Baltasar Garzón dio hoy la vuelta al mundo. Quedó inhabilitado por diez años en una sentencia dudosa por la gravedad de la pena que impuso, por la severidad del veredicto, ante un magistrado que lo ha dado casi todo por la justicia. Digo casi porque Garzón impuso un estilo ajeno al del Poder Judicial en España, hermético, corporativista, poco abierto a la sociedad.
En México no es distinto. El mundo de la ley hace mucho que se alejó del hombre y del cotidiano con algunas excepciones como Garzón. Sin duda, el magistrado español tensó la ley hasta el límite, rebasó seguramente con las escuchas ilegales que ordenó el límite de la ley, pero su paseo por el abismo pudo no haber sido una caída. El caso se pudo haber resuelto con una amonestación, con una recusación, con separarle del cargo unos meses, o algún año, no los once de la pena. Garzón es un juez pero también un símbolo de la justicia, un hombre progresista que le hizo un bien inmenso a la sociedad española en batallas contra el narcotráfico y el terrorismo, y a la justicia internacional, en las causas por las desapariciones en Argentina o en el procesamiento de Augusto Pinochet, humillado en vida por los crímenes del pasado con la ley en la mano.
Me queda claro que no hay verdades únicas, me queda claro que también los acusadores tienen algo de razón en el caso del juez más mediático, más político, de la judicatura española. Lo que no entiendo es que se me trate de vender una sentencia de ejemplaridad en un sistema dudoso, arbitrario a veces, subjetivo, y que hace agua tantas y tantas veces. Humilla ver a Garzón convertido en víctima porque es un triunfo de la justicia facciosa, un triunfo de las medias verdades, una victoria del Estado de Derecho convenienciero. No creo en democracias como es que juzgan solo cuando les conviene, que buscan chivos expiatorios, que olvidan la historia y que pretenden pasar página sin entender que hacer justicia exige de un peso moral mayor del que tiene un Tribunal que a sí mismo se hace llamar Supremo siendo falible. Tiempo al tiempo, la última página del caso se leerá en Estrasburgo, en unos años, probablemente.
En México no es distinto. El mundo de la ley hace mucho que se alejó del hombre y del cotidiano con algunas excepciones como Garzón. Sin duda, el magistrado español tensó la ley hasta el límite, rebasó seguramente con las escuchas ilegales que ordenó el límite de la ley, pero su paseo por el abismo pudo no haber sido una caída. El caso se pudo haber resuelto con una amonestación, con una recusación, con separarle del cargo unos meses, o algún año, no los once de la pena. Garzón es un juez pero también un símbolo de la justicia, un hombre progresista que le hizo un bien inmenso a la sociedad española en batallas contra el narcotráfico y el terrorismo, y a la justicia internacional, en las causas por las desapariciones en Argentina o en el procesamiento de Augusto Pinochet, humillado en vida por los crímenes del pasado con la ley en la mano.
Me queda claro que no hay verdades únicas, me queda claro que también los acusadores tienen algo de razón en el caso del juez más mediático, más político, de la judicatura española. Lo que no entiendo es que se me trate de vender una sentencia de ejemplaridad en un sistema dudoso, arbitrario a veces, subjetivo, y que hace agua tantas y tantas veces. Humilla ver a Garzón convertido en víctima porque es un triunfo de la justicia facciosa, un triunfo de las medias verdades, una victoria del Estado de Derecho convenienciero. No creo en democracias como es que juzgan solo cuando les conviene, que buscan chivos expiatorios, que olvidan la historia y que pretenden pasar página sin entender que hacer justicia exige de un peso moral mayor del que tiene un Tribunal que a sí mismo se hace llamar Supremo siendo falible. Tiempo al tiempo, la última página del caso se leerá en Estrasburgo, en unos años, probablemente.
lunes, 7 de marzo de 2011
Presunto culpable, K.O.
Dos abogados mexicanos han lanzado un documental que desnuda las carencias del sistema de justicia mexicano. Un joven, Antonio Zúñiga, "Toño", es víctima de una falsa acusación de homicidio y condenado a veinte años de cárcel.
Los abogados, Layda Negrete y Roberto Hernández, meten las cámaras en el juicio y lo graban. Si bien la Constitución mexicana garantiza que los juicios sean públicos, este ha sido todo un escándalo porque el acusado "Toño" es víctima de las incompetencias del juez, de la fiscal y de un sistema de justicia pervertido y absurdo, basado en expedientes escritos y sin apenas importar la vista oral.
Las fallas del caso, detectadas a tiempo, permitieron montar una defensar firme para Toño y sacarle... tras cuatro años en prisión. El documental llevaba dos semanas en cartelera pero una juez ha logrado su suspensión provisional porque el único testigo del caso, que acusa falsamente a "Toño" y que era menor en el momento del juicio, jamás dio su consentimiento al uso de su imagen y se dice perjudicado. Lleva razón, pero la juez anula con su proceder la difusión a una película que pone en evidencia a todo un sistema de justicia, el mexicano, que hace agua por los cuatro costados.
No es el único juicio amañado, pervertido, viciado, que ha habido en México. Muchos se desconocen, otros como el de la francesa Florence Cassez, condenada a 60 años por secuestro, están seriamente cuestionados. No pongo la mano en el fuego por el sistema penal de este país, ni por un documental que contiene un par de fallos graves en su elaboración pero que encierra un mensaje fundamental: la democracia mexicana está pervertida por un sistema de justicia que no es creíble ni justo, que la pone en peligro y que tiene que cambiar ya. Fin a las simulaciones.
Los abogados, Layda Negrete y Roberto Hernández, meten las cámaras en el juicio y lo graban. Si bien la Constitución mexicana garantiza que los juicios sean públicos, este ha sido todo un escándalo porque el acusado "Toño" es víctima de las incompetencias del juez, de la fiscal y de un sistema de justicia pervertido y absurdo, basado en expedientes escritos y sin apenas importar la vista oral.
Las fallas del caso, detectadas a tiempo, permitieron montar una defensar firme para Toño y sacarle... tras cuatro años en prisión. El documental llevaba dos semanas en cartelera pero una juez ha logrado su suspensión provisional porque el único testigo del caso, que acusa falsamente a "Toño" y que era menor en el momento del juicio, jamás dio su consentimiento al uso de su imagen y se dice perjudicado. Lleva razón, pero la juez anula con su proceder la difusión a una película que pone en evidencia a todo un sistema de justicia, el mexicano, que hace agua por los cuatro costados.
No es el único juicio amañado, pervertido, viciado, que ha habido en México. Muchos se desconocen, otros como el de la francesa Florence Cassez, condenada a 60 años por secuestro, están seriamente cuestionados. No pongo la mano en el fuego por el sistema penal de este país, ni por un documental que contiene un par de fallos graves en su elaboración pero que encierra un mensaje fundamental: la democracia mexicana está pervertida por un sistema de justicia que no es creíble ni justo, que la pone en peligro y que tiene que cambiar ya. Fin a las simulaciones.
martes, 4 de mayo de 2010
"Presunto culpable"
Documental desgarrador que muestra las injusticias que hay en el sistema de justicia mexicano. Un joven vendedor ambulante, Toño, es arrestado y acusado de homicidio en diciembre de 2005. Comienza una larga batalla legal que le lleva a ser sentenciado y condenado a más de veinte años de cárcel hasta que un tribunal superior, de apelaciones, encuentra que hay una "duda razonable" y opta por pedir la liberación inmediata del reo.
José Antonio Zúñiga pone el drama en este documental que dos abogados mexicanos, Roberto Hernández y Layda Negrete, y un tercero ante el juez, Rafael Heredia, trabajaron durante años, hasta conseguir la inmediata liberación de Toño el 3 de abril de 2008.
La historia tiene nombre y apellidos pero los abogados-activistas la utilizan para mostrar que son muchos los inocentes capturados por la policía en México y, de ese modo, dándoles tanto poder a los agentes en el caso, los juicios no son más que actos de simulación por parte de los jueces, los funcionarios de prisiones y los abogados, que con frecuencia ni siquiera lo son, como en el caso.
La justicia mexicana está en transición de su absurdo sistema actual de culpables fabricados a un sistema con la presunción de inocencia en el centro, un cambio brutal que tardará en ponerse en marcha ocho años, del 2008 a 2016. Conviene seguir de cerca los cambios radicales que permitirán, si son puestos en marcha, cambiar la Administración de justicia en México, una democracia y un Estado que muchos considerarán fallido viendo la historia de Toño.
José Antonio Zúñiga pone el drama en este documental que dos abogados mexicanos, Roberto Hernández y Layda Negrete, y un tercero ante el juez, Rafael Heredia, trabajaron durante años, hasta conseguir la inmediata liberación de Toño el 3 de abril de 2008.
La historia tiene nombre y apellidos pero los abogados-activistas la utilizan para mostrar que son muchos los inocentes capturados por la policía en México y, de ese modo, dándoles tanto poder a los agentes en el caso, los juicios no son más que actos de simulación por parte de los jueces, los funcionarios de prisiones y los abogados, que con frecuencia ni siquiera lo son, como en el caso.
La justicia mexicana está en transición de su absurdo sistema actual de culpables fabricados a un sistema con la presunción de inocencia en el centro, un cambio brutal que tardará en ponerse en marcha ocho años, del 2008 a 2016. Conviene seguir de cerca los cambios radicales que permitirán, si son puestos en marcha, cambiar la Administración de justicia en México, una democracia y un Estado que muchos considerarán fallido viendo la historia de Toño.
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