Lecciones sudafricanas para la España de los desahucios (2012)

Sandra Liebenberg es una experta en derechos humanos sudafricana cuyas reflexiones sobre derecho a la vivienda en su país expresadas en el artículo "Adjudicación de derechos sociales en la Constitución de Transformación de Sudáfrica" (Anuario de Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, 2006) me han dejado pensativo.

Desde hace meses España está inmersa en una crisis económica de monumentales proporciones cuya causa se incubó en el sistema financiero, se trasladó a la sociedad mediante créditos e hipotecas de condiciones extraordinarias (plazos muy largos, de hasta 40 años; y tipos de interés variables), atractivos pero arriesgados, y un sector inmobiliario desbocado, desaforado, que enriqueció a algunos constructores, inmobiliarias y municipios rápidamente. Los españoles se cegaron en una situación que antaño recibía un nombre: la cultura del "pelotazo", el enriquecimiento rápido y especulativo, cero esfuerzo en muchos casos.

Ahora España vive un drama descomunal en lo relativo a derechos económicos y sociales sobre todo, el asunto que trata Liebenberg. La causa es que un parón económico debido a condiciones fiscales y presupuestarias impuestas desde Bruselas-Berlín ha enfriado de tal modo la economía española que ésta, prácticamente, se ha estancado. El resultado es decenas de miles de personas en la calle, un desempleo histórico (25%), una precarización de los servicios públicos, especialmente de la salud y la educación, y varios problemas sociales nuevos y sangrantes.

Uno de ellos es el de los desahucios: un caso típico es el de un joven que pierde su trabajo y queda en el desempleo con una hipoteca por pagar; el aval de su crédito al banco que le prestó dinero para comprar su casa lo pusieron sus padres, jubilados; el banco procede, pide un embargo de bienes y ello se traduce en un desahucio por impago de la vivienda de los padres, dada en garantía. El joven pierde la casa que estaba pagando, primera vivienda seguramente, y sus padres la suya, la de toda la vida.

Estudiando el caso he llegado a algunas conclusiones que casan bastante bien con reflexiones planteadas por Liebenberg sobre cómo los derechos sociales podrían ayudar en España a acabar con algunas ideas que otorgan primacía al derecho de propiedad incluso en momentos de crisis. Me gustaría compartirlas:

1. ¿Enfrenta la sociedad española una situación de regresividad en cuanto a derecho a la vivienda? Claramente sí. El artículo 35 de la Constitución (1978) establece que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo”, así como a percibir “una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”. El origen del problema tiene que ver con el desempleo, que ha minado la capacidad de vivir dignamente de millones de personas. El art. 39 refiere que los poderes públicos “aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia”. La situación actual apunta a que el Estado ha olvidado sus obligaciones en materia de derechos económicos y sociales, y antepuesto a las mismas consideraciones presupuestarias. La situación vulnera a mi modo de ver compromisos adquiridos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (1966) fue firmado y ratificado en 1977, antes incluso que la vigente Constitución.

2. ¿Es razonable ejecutar desahucios con una ley de 1909 que es favorable a los bancos, causantes en buena medida de los estragos económicos actuales? Si aplicamos al caso español el criterio del Tribunal Constitucional de Sudáfrica el Estado debería (a) adoptar medidas razonables de índole legislativa o de otra naturaleza, para garantizar en la actual situación acceso al trabajo o, si ello no fuera posible, al menos evitar un despojo y la pérdida de la vivienda para las familias. “La razonabilidad debe ser entendida también en el contexto global de la Declaración de Derechos. El derecho a tener acceso a una vivienda adecuada está firmemente arraigado porque valoramos a los seres humanos y deseamos garantizarles sus necesidades humanas básicas (….) Si las medidas, aunque sean exitosas en términos estadísticos, no logran responder a las necesidades de quienes están más desesperados, no podrán pasar la prueba”, señaló el párrafo 24 de la sentencia del Caso Grootboom en 2000. El Alto Tribunal sudafricano impone la obligación de una “realización progresiva” de los derechos sociales amenazados o vulnerados, algo que no ha estado sucediendo por la falta de políticas activas y decididas de creación de empleos y, al mismo tiempo, por la no contención de abusos contra familias que enfrentan situaciones límite por los impagos. Recordemos que el desempleo actúa como causa de de la pérdida del derecho al trabajo y a una vida digna, y de inmediato, en los casos más graves, de la vivienda.

3. ¿Qué sensibilidad con el problema está mostrando el Poder Judicial español? Poca. La obligación del Estado es emplear sus capacidades “dentro de los recursos disponibles” (caso Grootboom, 2000; P.38) para paliar una situación que se agrava con el paso de los días. Expertos desde el Poder Judicial alertan de excesos para frenar esta situación abusiva de bancos y acreedores que ejecutan órdenes de desahucio con el apoyo de los jueces. Unos pocos de estos han alertado de que la ley vigente, la de Enjuiciamiento Civil de 1909, es demasiado favorable a los bancos y pone en desventaja al deudor. Debe cambiar, han expresado en un informe que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha asumido como propio, como denuncian ya en voz alta varios medios de comunicación. La justicia está dividida pero opta por las interpretaciones más formalistas y apegadas a la “norma jurídica”, no por una lectura progresista de la ley, en un contexto particular, complejo, y sin considerar un verdadero Enfoque de Derechos Humanos, como denuncia por ejemplo Pedro Luis Viguer, juez decano de la Audiencia de Valencia.

4. ¿Dónde está el Gobierno, regulador de la economía y garante de Pactos como el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que le imponen obligaciones de progresividad y una prohibición de regresión? Esta es una pregunta que dejo abierta de cara a las próximas elecciones generales. A mi modo de ver el Gobierno español encabezado por Mariano Rajoy ha fracasado estrepitosamente en lo que respecta a la obligación que tiene de proteger a los ciudadanos en momentos de crisis y permitirles mantener una vida digna. Aumentan los grupos de personas privados de acceso a derechos de los que ya gozaban. Liebenberg recuerda que “los tribunales no deberían privilegiar automáticamente los derechos de propiedad” frente a los sociales (2000, Pg. 59) y coincido con ella en el caso español actual. Si bien puede que el nivel de bienestar que tenían los españoles antes de 2008 quede garantizado, cada vez hay más casos en que se está faltando al principio de progresividad en materia de determinados derechos como el de acceso al trabajo y a una vivienda digna (art 47 constitucional). Igualmente faltan las autoridades españolas a una obligación de garantizar ambos derechos al observarse una falta de medidas y políticas públicas activas para encontrar soluciones intermedias, aceptables, como la dación en pago, que pudiera frenar el deterioro de la situación para varias generaciones de una misma familia que están perdiendo primeras viviendas. Se está produciendo una regresión en cuanto a derechos económicos y sociales sin que el Estado haya sabido o querido ponerle freno y se haya extendido el segmento social en situación de vulnerabilidad. La fractura que observo tiene serias implicaciones para un país que lleva más de 35 años de democracia y que corre peligro de perder aquel pacto social con cada vez más excluidos, muchos de ellos emigrantes ya, del progreso y del bienestar. Posiblemente y aunque en el artículo citado Viguer señale que el margen que tienen los jueces es mínimo para defender los derechos económicos y sociales, a la vista de criterios como el sudafricano podría plantearse algún tipo de lucha o de alternativa desde instancias jurisdiccionales: “El Poder Judicial no puede, por sí solo, corregir todas las injusticias sistemáticas existentes en nuestra sociedad. Pero al menos puede efectivamente suavizar y minimizar el grado de injusticia que acarrea el desalojo de los más débiles que viven en condiciones de desigualdad”, como expresó otra jueza sudafricana, Sachs en el caso Municipalidad de Port Elisabeth con varios ocupantes (2004, Párrafo 38), citado por Liebenberg (pg. 63).

Twitter, vía de escape ante la omisión de proteger a la prensa en México

Callar es una forma de protegerse que puede resultar eficaz pero a menudo resulta insuficiente a la luz de las obligaciones de derechos humanos que tienen los Estados. El comentario es pertinente a la vista de la información relacionada con la "guerra contra las drogas" lanzada por el presidente de México Felipe Calderón.
Cuatro expertos de Microsoft Research han personado un estudio que señala que la violencia en México silenció a medios de comunicación tradicionales y generó una creciente información en redes sociales centrada en hechos violentos, revela un estudio de la empresa publicado en junio de 2012.
No distinguen entre el origen de la violencia, si esta procedía del Estado o de los grupos criminales, pero presentan unos resultados que nos pueden hacer reflexionar sobre la libertad de expresión.
El estudio puede servirnos para analizar las cuatro obligaciones que tienen los Estados en materia de derechos humanos (respetar, proteger, garantizar y promover): "A la fecha los cárteles de la droga parecen estar ganando el control de los medios tradicionales (mainstream) a través del asesinato y la intimidación", establece "Narcotweets: social media in wartime" (2012).
Los expertos relatan cómo en el México actual “la gente usa las redes sociales como plataformas de participación noticiosa en lugar de los dañados aparatos estatales o de los medios de comunicación".
El estudio analizó a detalle los tuits que contenían determinados términos relacionados con la "guerra de las drogas en México" en cuatro ciudades del país (Monterrey, Reynosa, Saltillo, en el norte del país, y Veracruz, en el este) durante un período de dieciséis meses, entre agosto de 2010 y noviembre de 2011, lo que implicó analizar un corpus de 596.591 mensajes.
De todos ellos el 49,5% tenía nuevos contenidos, un 30,7% repetía mensajes existentes (retuits), y el 19,9% restante consistía en respuestas o réplicas a otras comunicaciones.
La investigación localizó 56.414 tuiteros en las cuatro ciudades que, en promedio colocaron 9,4 mensajes en la red al día.
Una de las conclusiones del estudio es que "unos pocos usuarios contribuyeron con la mayoría del contenido" informativo sobre violencia en las redes, a los que el estudio se refiere como "curadores".
Algunos de ellos representaron "los esfuerzos ciudadanos" por satisfacer la necesidad de "tuits rápidos de tiempo real sobre acontecimientos agudos (apremiantes)" en sus comunidades.
El análisis apunta a que México, un país con más de 40 millones de internautas, tiene paralelismos en cuanto al uso que se hizo de de redes sociales y blogs durante los años de guerra en Irak y durante la más reciente "revolución en Egipto".
Recuerda que "en localidades afligidas por los conflictos armados las crisis son parte del día a día, lo que convierte sucesos (violentos) extraordinarios en ordinarios".
Esta situación está ocurriendo en México donde los especialistas ven "casi completo embargo de noticias impuesto por las organizaciones criminales" en algunas zonas del país, sobre todo de estados del norte.
Estos grupos criminales, "mediante llamadas diarias, correos electrónicos y comunicados de prensa, deciden qué se puede y qué no transmitir o publicar".
En este contexto "los gobiernos locales fracasan en su comunicación pública por varias razones: temor a represalias, falta de conocimientos o un intento de mantener una imagen de que tienen todo bajo control".
Finalmente los estudiosos recuerdan que en México hay medios de comunicación tradicionales que, públicamente, han renunciado a realizar coberturas de sucesos violentos, un "vacío de información que cubren las redes sociales (social media)", el nuevo ámbito en el que se pelea por el control de la información.
En el caso el Estado mexicano, que dice haber ofrecido una “respuesta integral” al fenómeno criminal deja sin protección a los periodistas que han acudido a cubrir la violencia en muchos estados de México.
Considero que la obligación de “respetar” la libre expresión en las zonas con más violencia del país se ha incumplido debido a que las autoridades estatales, sobre todo de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, son bastante escuetas a la hora de informar del resultado de sus acciones a pesar de que el cuarto Principio sobre Libertad de Expresión de la OEA establece que “el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos”. Tenemos al respecto el ejemplo reciente de la muerte de Heriberto Lazcano “El Lazca”, abatido no sabemos bien en qué contexto. Dicen que miraba un partido de béisbol cuando le sorprendieron. Huía y recibió seis disparos. ¿Atacó realmente a los marinos que le perseguían? ¿Se le dio el alto? ¿Se le disparó por la espalda? Son detalles que, de modo oficial no trascienden. Se dan versiones parciales e insuficientes.
Además en cuanto a la obligación de respetar, si consideramos que no puede existir una violación de derechos humanos entre particulares, el Estado tendría la obligación de “proteger” a los informadores, algo que no ha ocurrido en los últimos años.
Ahondando en la obligación de “proteger”, esta no es distinta que la de proteger a otros ciudadanos cuando se aplica a los informadores. Sin embargo el Gobierno está tratando de poner en marcha un Mecanismo Especial de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. El plan va en la dirección correcta pero aún se sabe poco de cómo funciona y de los recursos con que cuenta. En cualquier caso el riesgo real de ataques a periodistas existe ya con lo que la actuación ha sido lenta.
Quizás sea la obligación de “proteger” la más evidentemente desatendida por las autoridades federales y estatales mexicanas respecto a los informadores. El hecho de que exista impunidad en más de 80 casos de homicidios contra informadores entre 2000 y 2012 es una amenaza real para estos profesionales quienes, para sobrevivir, han optado en muchos casos por la autocensura. No hay medidas preventivas efectivas en apoyo de los comunicadores, que tampoco están bien protegidos por los medios de comunicación donde trabajan en líneas generales. Siendo la libertad de expresión un “derecho fundamental e inalienable” de los ciudadanos, y un “requisito indispensable” de existencia de cualquier sociedad democrática (Principio 1 sobre Libertad de Expresión de la OEA), el incumplir esta obligación por parte del Estado mexicano entraña un problema grave e irresuelto en el México actual.
En cuanto a la obligación de “garantizar” está en este caso violada ya que la ciudadanía, consciente o no, carece de información útil sobre lo que está pasando en algunas ciudades de México atenazadas por la violencia, como las cuatro citadas en el estudio.
Finalmente respecto a la obligación de “promover” una mejor protección para los comunicadores sería importante intensificar los programas de autoprotección que existen, y que realizan algunas ONG pero que no están apoyados por el Estado. Tampoco percibo que haya una conciencia social muy firme en torno a las consecuencias que tiene que los periodistas y medios de comunicación mexicanos se autocensuren. Ello se podría revertir con algunas campañas agresivas en este sentido.
El estudio sobre “narcotuits” concluye con esta aseveración: "Muchos mexicanos ven las redes sociales como una fuentes de información y supervivencia", y emplean esos medios alternativos "para actos de aflicción colectiva y para expresar su frustración respecto al gobierno, las organizaciones criminales o con ellos mismos, por las circunstancias en que viven". Lamentablemente la falta de protección, respeto, garantías y promoción del trabajo de los periodistas en contextos cada vez más difíciles ha detonado la actual situación tan difícil que enfrentamos.

Jon Lee Anderson: "La autocensura hace al periodista cómplice del mal de su sociedad"

El periodista estadounidense Jon Lee Anderson acaba de estar en México y lanzó un mensaje inequívoco a los periodistas de este país: "Si te autocensuras dejas de reportear algo muy importante. Implica que te has hecho pasiva y tácitamente cómplice del mal de tu sociedad que te obliga a la autocensura. Es decir, dejas las cosas en su sitio a cambio de tu integridad física".

Conoce de primera mano los problemas de libertad de expresión que existen, exacerbados por un Gobierno rebasado por el problema de la violencia desatada por una estrategia parcial, corta de miras, militarizada y abusiva. Señala que México comparte los mismos problemas que el Irak de Saddam Hussein, donde el tirano ejerció el terror. Aquí este viene de los grupos criminales pero también de un uso de la fuerza desmedido por parte del Estado.

En este contexto Anderson es muy claro: el periodista puede superar la situación. No debe ser cooptado sino buscar el modo de sacar la información, de pasársela a compañeros de profesión, ONGs, a gente más protegida que uno mismo y con capacidad para divulgarla. Es la única manera de no ser "contaminados moral y éticamente".

"Finalmente el periodista que se autocensura se pone al lado del maleante, del gobernante corrupto, y hace un flaco favor a la población, al público, que terminará tonto, porque no va a saber nada, y va a recurrir a la rumurología para allegarse de información", sentencia.

Los buscavidas

El término "buscavidas" es una palabra aceptada en el idioma español. Se refiere a alguien "demasiado curioso en averiguar las vidas ajenas" y también "persona diligente en buscarse por cualquier medio lícito el modo de vivir". Ambas son aceptadas pero quiero rescatar el segundo sentido.

Llevo varios días recibiendo mensajes, conociendo historias de ciudadanos españoles, muchos de ellos jóvenes, otros no tanto, que están llegando a México con una mano delante y otra detrás. Buscan, tantean, quieren contactos y se arman de lo único que tienen: buen ánimo y su currículum vitae.

Encontrarán un país de oportunidades, sí, donde se trabaja mucho y se paga en general mal, mucho menos que en España en los puestos comunes, aquellos a los que aspirarán los nuevos expatriados de la incompetencia socialista y la irracionalidad de Mariano Rajoy y sus adláteres.

No lo tendrán fácil quienes no vienen blindados por esos contratos de expatriado que ya están en desuso pero sí tendrán oportunidades de abrirse camino en un país con una historia de generosidad hacia los españoles, un país "con personalidad", me decía anoche una de esas expatriadas que encontró acomodo social en México en busca de trabajo a la vez que de justicia.

México da para mucho, y una vez más tiende la mano a los excluidos del sistema español, tan precario y durante tanto tiempo tan cicatero, tan protector para unos cuantos, no para todos.

Javier Sicilia, Max Weber y la "guerra" de Felipe Calderón

El poeta mexicano Javier Sicilia se apartó hace varias semanas de la vida pública mexicana. Ha tomado un receso la voz más firme del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) pero no se ha desligado de la organización y esta semana, con varias actividades, no quiso dejar pasar la efeméride de constitución de esa plataforma y nos ha regalado un artículo muy pertinente desde el punto de vista de los derechos humanos.

Lo acaba de publicar el semanario "Proceso" (Núm 1875 ) y es un lúcido artículo crítico sobre la "guerra" contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón. Muy recomendable lectura.

En "Notas sobre la tragedia de Calderón y el MPJD (un año y medio después)" (pg. 58-60) Sicilia describe el poema épico de "La Ilíada" y señala algo relevante: dice que la fuente de toda tragedia es la desmesura y que en México con la "guerra" de Calderón lo que tenemos es una gran tragedia. Si antaño los griegos que estaban en la guerra aspiraban a "ser como dioses", como sucedió con el Aquiles en la Guerra de Troya, en el México de hoy lo que tenemos es una enorme tragedia absurda.

Denuncia que "las fuerzas ciegas del crimen y del Estado" se mueven ambas "en el territorio de la ambición y de la administración de la vida humana" lo que ha cosificado a las víctimas mexicanas de la violencia. Ambos bandos "rompieron cualquier esperanza de resistencia, de justicia y de paz, produciendo una parálisis moral de la sociedad" mexicana, la gran víctima en sus derechos y en su integridad de esta violencia.

El poeta, convertido sin duda el más duro crítico de Calderón, señala que el MPJD es la "reserva moral del país" por la capacidad que ha tenido en sus dieciocho meses de trayectoria para visibilizar y dignificar a las víctimas de la violencia, los débiles, los primeros sujetos de derechos humanos en México y en cualquier país. El texto está magníficamente escrito pero me animé a postearlo por una razón, uno de los argumentos de Sicilia que ya salió en nuestras lecturas: el de la desmesura.

Hace un par de semanas leyendo fragmentos de "El político y el científico" Max Weber señalaba que el problema ético de la política estaba precisamente determinado por el "uso de la violencia legítima". Decía que las tres cualidades más importantes del político eran "pasión, sentido de responsabilidad y mesura" (pg. 153), justo la que echa de menos Sicilia en Calderón. Weber hablaba de que la política es complicada porque debe equilibrar "la pasión ardiente y la mesurada frialdad" al ser ejercida.

En hora de balances y saldos el presidente de México ha apelado y apelará sin duda a que combatir al crimen organizado de la forma en que lo hizo fue una decisión ética. Puede que no distinga si se posicionó ante el problema desde una ética de la convicción o desde una de la responsabilidad, la que tiene en cuenta las consecuencias de la acción del gobernante, pero lo que es claro es que Sicilia y el movimiento de las víctimas no aprecian en su comportamiento ningún tipo de "mesura".

Si concordamos con Weber en que la violencia es "el medio decisivo de la política" sin duda Calderón encontrará su justificación moral. Pero probablemente desde el bando contrario jamás, jamás, se dejará de ver su comportamiento como gobernante como un exceso, un medio injustificable para salvar a México de un problema de seguridad pública que tiene múltiples caras pero en ningún caso una única solución militar, la privilegiada. Calderón creyó que su violencia era legítima, las víctimas lo han pagado caro y se lo están haciendo saber. Sus derechos subjetivos fueron pisoteados por un planteamiento que políticamente pudo partir de la pasión, pero en absoluto de la mesura.

Este día incluso la sociedad civil ajusta cuentas y refiere abusos a derechos fundamentales inadmisibles. El mandatario enarbola sus justificaciones. Estamos ante un dilema moral de difícil solución pero desde la perspectiva de los derechos humanos creo que debemos afirmar que la "guerra" contra el crimen organizado, en la forma en que la conocemos en México, jamás debió haber sucedido.

Fuero militar mexicano, ni razonable ni justificable en el siglo XXI

El 21 de agosto de 2012 el Supremo mexicano declaró inconstitucional el artículo 57 Fracción II del Código de Justicia Militar, una decisión clave desde el punto de vista de la no discriminación para el ejercicio de la justicia en este país. ¿Por qué?

El fuero militar vigente es un régimen especial que permite que la Justicia Militar sea la que sancione a cualquier militar mexicano involucrado en delitos de guerra o en delitos comunes contra civiles en territorio mexicano. Es decir, si un soldado, un policía y un civil cometen un mismo ilícito, digamos un homicidio doloso, el primero será sometido a un régimen especial ante jueces militares mientras que el segundo y el tercero tendrían que responder ante la ley ordinaria, en este caso el Código Penal vigente. Entendamos pues el fuero especial como un “privilegio” para los soldados.

Por lo anterior podemos decir que la institución militar en México ha gozado de un estatus especial, diferenciado, que evitaba su sometimiento a las leyes que existen para el común de los mexicanos. En tiempos de paz y una intervención de tropas mexicanas en el exterior el fuero militar no se ha usado mucho, digamos que ha pasado desapercibido, pero en los últimos años la discusión sobre si debe o no existir, y, más importante, si viola o no los derechos humanos, se ha hecho más presente. Desde que el presidente Felipe Calderón lanzó su estrategia de combate al crimen organizado desplegando a militares en varios estados de México el riesgo de un trato desigual en materia de justicia se ha hecho muy presente. Lo considero preocupante.

Decía hasta el 21 de agosto pasado el artículo 57. II del Código de Justicia Militar que si militares violan los derechos humanos de una persona, serían juzgados por la justicia castrense. La Suprema Corte de Justicia de la Nación cambió eso con distintos argumentos. Uno de los argumentos que pudieron haberse utilizado en la discusión del caso era el de que el fuero militar se apartaba de la justicia y de razón. Existía una distinción de tratamiento que no era razonable ni tenía una justificación objetiva: ¿qué razón hay en que se apliquen leyes o regímenes legales especiales hoy en día ante una violación a los derechos humanos? ¿Qué puede justificar que un militar no sea juzgado ante, por ejemplo, una violación a una mujer indígena, con la misma severidad que si el delito lo comete un civil?

Además el comportamiento del Estado mexicano va en contra de la definición contenida en la Opinión Consultiva emitida por la CorteIDH en 1984, que establece que los objetivos de la norma “no pueden apartarse de la justicia o de la razón” ni “perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana”, como ha señalado Anne Bayefsky ("El principio de igualdad o no discriminación en el Derecho Internacional". Human Rights Law Journal, 1990).

El caso no es una invención. Las indígenas Me’phaas Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron violadas en febrero y marzo de 2002 por soldados del 41 Batallón Militar de guerrero. En puridad el caso correspondía al fuero castrense pero no se resolvió. Ellas lo llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en Octubre de 2010 impuso al Estado mexicano la obligación de pedir perdón, reparar daños y hacer justicia a las dos mujeres. En diciembre de 2011 se pidió perdón a Valentina. Falta el acto público de desagravio para Inés. Pero eso no es lo más importante. Los soldados no están identificados, tampoco juzgados.

El Gobierno de México dice estar en camino de cumplir con los compromisos pero son diez años sin justicia en el caso, una demora que se suma al daño físico y psicológico ya infligido. Esta semana Santiago Cantón sugería que más que un asunto de justicia el caso de las dos indígenas parece tener que ver más con la falta de voluntad política, un deseo de no importunar a quienes supuestamente se sacrificaron más que otros mexicanos en el combate al crimen organizado.

Vargas Llosa: "Lo que se espera hoy del artista es la pose y el escándalo"

Mario Vargas Llosa no deja indiferentes a sus lectores. Sea en la novela, en su sección periodística (Piedra de Toque) o con sus ensayos el Nobel de Literatura 2010 siempre sale en defensa de sus principios e ideas liberales. Lo hizo de nuevo en "La civilización del espectáculo" (2012), lectura obligatoria para periodistas y publicistas así como para creadores o consumidores asiduos de productos culturales.

"En nuestros días, en que lo que se espera de los artisas no es el talento, ni la destreza, sino pose y el escándalo, sus atrevimientos no son más que las máscaras de un nuevo conformismo. Lo que era antes revolucionario se ha vuelto moda, pasatiempo, juego, un ácido sutil que desnaturaliza el quehacer artístico y lo vuelve función de Gran Guiñol", explica en un momento del libro.

He recordado cosas como las discusiones mantenidas hace años con una periodista que confundía espectáculos y cultura. Es una confusión extendida, e incluso periodistas que llevan muchos años en el tajo se han olvidado de lo que es realmente importante y lo reemplazan por lo "visualmente relevante" o atractivo. Cultura no es simple imagen, es reflexión estética, no necesariamente provocación sino introspección fructífera, confiarse a la visión del otro y ser llevados adonde un no se imaginaba.

"Los espectadores no tienen memoria; por esto tampoco tienen remordimientos ni verdadera conciencia. Viven prendidos de la novedad", señala el escritor peruano, hábil a la hora de sus juicios por ser capaz de entrever los abusos en sociedades muy desarrolladas, pero también en las emergentes, en las que se están haciendo.

Vargas Llosa reflexiona sobre varios elementos pero me quedo con uno: el del periodismo, del que dice que el hecho en papel "se encoge y retrocede ante la competencia audiovisual y digital". Verdad como pocas, es una lucha por la prevalencia de las ideas o de las formas.

Para terminar, una cita larga pero bastante completa, a propósito de lo ya dicho: "No está en poder del periodismo por sí solo cambiar la civilización del espectáculo, que ha contribuido a forjar. Ésta es una realidad enraizada en nuestro tiempo, la partida de nacimiento de las nuevas generaciones, una manera de ser, de vivir y acaso de moririr del mundo que nos ha tocado, a nosotros los afortunados ciudadanos de estos países a los que la democracia, la libertad, las ideas, los valores, los libros, el arte y la literatura de Occidente nos han deparado el privilegio de convertir al entretenimiento pasajero en la aspiración suprema de la vida humana y el derecho de contemplar con cinismo y desdén todo lo que aburre, preocupa y nos recuerda que la vida no solo es diversión, también drama, dolor, misterio y frustración".

Por cierto, dedica el ensayo a un gran amigo suyo (A Juan Cruz, siempre con su libreta y su lápiz) y lo abre con una frase de Vicente Huidobro (Las horas han perdido su reloj).