Entrevista con el pasado

La exsecretaria de Asuntos Exteriores de México es una mujer brillante que defiende a las mujeres por encima de casi cualquier consideración. Hace años estaba activa en política y condujo los destinos de México. Ahora reflexiona sobre aquella etapa en un libro muy personal, dedicado a sus nietos. A continuación, y al calor de los escándalos de espionaje, Green explica cómo ve esa situación:

Rosario Green consideró el pasado 26 de octubre "una vergüenza" el escándalo del presunto espionaje de Estados Unidos a otros países, muchos de ellos sus propios aliados, e instó a Naciones Unidas a asumirlo por ser un tema "de preocupación general".
"Yo creo que Naciones Unidas sí tendría que tomar el tema", dijo Green (Ciudad de México, 1941) en una de las varias entrevistas celebradas en Ciudad de México con motivo de la presentación de su libro de memorias "La canciller" (Temas de Hoy, 2013).
La exsecretaria de Relaciones Exteriores durante el Gobierno de Ernesto Zedillo (1998-2000) consideró "un despropósito y una barbaridad" las revelaciones a partir de filtraciones de Edward J. Snowden de que EE.UU. ha vigilado a los mandatarios de países amigos suyos, incluido el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, cuando era candidato, y su antecesor, Felipe Calderón.
"Me parece una vergüenza. Que el teléfono personal de un Jefe de Estado o de Gobierno sea intervenido me parece intolerable", explicó la hoy embajadora honoraria de su país y exsecretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI, 2005-2007).
Green se mostró indignada con que Washington pueda considerar aceptables las labores de espionaje realizadas vía satélite y pinchando los teléfonos de las personas y de los mandatarios, "35 jefes de Estado y de Gobierno" en el caso actual.
"Y no son los enemigos: no estamos hablando de Corea del Norte, de Cuba, de China", estamos hablando de los países europeos, Alemania, España, Francia, que le dijo a (Barack) Obama antes que ningún otro 'si vas contra Siria, yo te apoyo", afirmó Green.
La excanciller sostuvo que las revelaciones de los últimos días conocidas a través del semanario alemán Der Spiegel abren la pregunta de "de parte de quién" está EE.UU., capaz de intervenir comunicaciones privadas de sus socios, y aseguró que la circunstancia de que espiar se haga desde siempre "no lo justifica".
De la situación actual lo que más incomprensible le ha parecido a Green fue la actitud del secretario de Estado de EE.UU, John Kerry", a quien "se le olvidó que es canciller y pensó que estaba dando la batalla para su reelección en el Senado".
"Cuando tranquilamente sale a los medios a decir 'aquí lo importante no son los ciudadanos de otros países, aquí lo importante son los estadounidense y es su protección y su seguridad lo que le interesa a EE.UU.. Si a los demás países no les parece, ni modo (no hay nada que hacer)", agregó Green.
La diplomática mexicana llamó la atención sobre el hecho de que incluso "en EE.UU. hay una gran irritación por el cinismo y la postura de 'acá está EE.UU. y por debajo el resto del mundo'" y con haber dado a entender que "un gringo es más importante que un español, que un francés, que un mexicano", porque a ciudadanos de esos países "sí les pueden hacer daño los terroristas".
En cuanto al papel que debe asumir la ONU señaló que debería empezar a plantearse cómo reglamentar la información que se canaliza a través de las redes sociales y los ataques a la privacidad de las personas.
"Como todo en la vida las redes tienen las dos caras, la positiva (...), y la negativa, que permite el abuso e inclusive por esa vía se denigre y se calumnie", explicó.
"Hay presión política sobre las redes sociales y sus propietarios para develar quién es fulano, las cosas que no aparecen en el perfil" e incluso "correos electrónicos" y otro tipo de información.
Por ello Green señaló que "sí se necesita una reglamentación" y que ésta "tiene que ser internacional".
"Aun sí es y se da, no hay garantía" de que sea efectiva, agregó, "porque no hay nada que impida al 'hacker'" sus ataques, porque esas personas "siempre llevan la delantera".
Señaló que los piratas informáticos deberían ser tratados de forma parecida a los terroristas, pues los últimos "han acribillado vidas" y los segundos, "intimidades".
"Yo creo que el tema (del espionaje) ya se pasó de la raya y sí creo que hoy EE.UU. tiene una situación muy complicada con sus aliados y con sus amigos, y con el resto del mundo".
"Le debe muchas explicaciones a la comunidad internacional: ¿por qué, quién te da el derecho", apuntó, en relación a lo que considera una práctica inaceptable de "espionaje indiscriminado".

José Ovejero no cree en el amor sentimental

Acaba de llegar a México el escritor José Ovejero. Viene con ánimo guerrero, sin intimidarse con una gira extenuante que le llevará a promocionar por nueve países "La invención del amor", obra premiada con el XVI Premio Alfaguara de Novela 2013 en marzo pasado. Tiene muy claro lo que quiere: quitar el artificio, el sentimentalismo, el romanticismo al amor, desmitificarlo, ofrecer una lectura diferente del mismo a través de sus personajes, uno vivo, Samuel, y una mujer muerta, ausente, Clara.
Esta mañana hemos hablado de la novela y han salido comentarios interesantes sobre el momento que vive la España de la crisis, telón de fondo de la novela, que nace nocturna y de la voz sincera de los amigos de toda la vida, los compañeros de copas que comparten juntos una noche de marcha. Es una imagen críptica que dice mucho del momento de dolor y desazón, de la parálisis y de la necesidad de reacción social, una que el escritor solo ve en las calles, en la gente, lejos de las instituciones caducas y corruptas que sigue habiendo en España.

Los cuentos de Élmer Mendoza

El escritor mexicano Élmer Mendoza no es muy afecto a los cuentos. Sin embargo, en un esfuerzo por recuperar algunos, acaba de reeditar su libro "Trancapalanca".
Me encantó uno titulado "Instrucciones para controlar a un narcotraficante armado hasta los dientes". Búsquenlo, está vigente: no solo tiene que ver con narcotraficantes sino también con prepotentes, abusivos, acomodados y demás poderosos. En México abundan los guardaespaldas y para ellos también aplicaría el cuento. Aquí dejo una breve reseña del libro.

Cassez, libre pero ni culpable ni inocente

La ciudadana francesa Florence Cassez fue liberada hace pocos días en México y enviada a Francia. No fue declarada culpable ni inocente de secuestro, pero un grave error procesal permitió que el Supremo mexicano la dejara libre tras siete años encarcelada. Hace dos años y medio entrevisté a Cassez y para hablar de su situación. Siempre insistió en que era inocente, algo que nunca sabremos. Por el interés que cobró el caso reproduzco ahora un extracto de aquella conversación que nunca vio la luz. Este día la francesa habló del tema con medios franceses:

Francesa condenada admira a la colombiana Ingrid Betancourt y está agradecida con la periodista mexicana Lydia Cacho (JUNIO DE 2010)

La francesa Florence Cassez, quien cumple en México una condena de 60 años de cárcel por secuestro, declaró hoy que admira a la colombiana Ingrid Betancourt y que está agradecida con la periodista mexicana Lydia Cacho, quien, sin conocerla, abordó su situación en un artículo publicado en mayo.
En una entrevista telefónica Cassez dijo que su situación no es comparable con la que vivió la colombiana Betancourt pero ambas tienen algo en común: "las dos fuimos secuestradas".
Cassez se refirió a unas declaraciones de Betancourt, quien el 24 de septiembre del pasado año, en una gala celebrada en Montreal (Canadá), pidió públicamente "un juicio imparcial" para Cassez.
"Yo pienso que peor que la ausencia de justicia y el hecho de no encontrar a los culpables, peor que eso, es condenar a inocentes. No lo olviden, Florence Cassez también nos necesita", sostuvo entonces.
La francesa fue detenida el 8 de diciembre de 2005 por policías, que la retuvieron sin presentarla ante un juez un día y al siguiente, hicieron un montaje con la simulación en vivo, ante las cámaras de televisión, de su rescate.
Por su parte la ex aspirante presidencial colombiana permaneció en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de 2002 a 2008.
"Es una mujer que me impactó, su corazón, su sensibildiad, su calma, su madurez...", explicó Cassez, quien tras conocer el apoyo que le había brindado Betancourt le escribió una carta de agradecimiento, cuyo contenido no ha hecho público.
También extendió su gratitud también Cassez a la periodista mexicana Lydia Cacho, quien el pasado 20 de mayo escribió una columna en el periódico El Universal que tituló "Lo que oculta Calderón".
"No la conozco y tomó partido", explica Cassez, quien tiene consigo una copia de la columna de opinión donde Cacho afirma que "Cassez es ya un símbolo en Francia, no por lo que mostró la autoridad mexicana en los medios, sino por lo que parece querer ocultar".
En el artículo la periodista, reconocida por su activismo en favor de las mujeres y contra las mafias de la pederastia, se pregunta por qué el presidente Felipe Calderón se ha opuesto a que la joven purgue su pena en Francia, algo que permite la Convención de Estrasburgo, ratificada por México e invocado por Francia, que mantiene reservas a un artículo.
Éstas constituyen "un impedimiento para garantizar que Florence Cassez purgue la totalidad de su pena en territorio francés", según el Gobierno mexicano.
Cacho recuerda que el sistema de justicia penal en México es inoperante, víctima de las "incapacidades y la corrupción de las procuradurías (fiscalías)", lo que ha motivado una aplicación de la justicia deficiente.
"Digamos que ya nos acostumbramos (en México) al perverso juego de la justicia diferida, la protección de los verdaderos culpables, y el doble discurso presidencial sobre el crimen y el castigo. Pero en Europa apenas están descubriendo esta realidad atroz", apuntó Cassez desde el Centro Femenino de Readaptación Social de Tepepan, en el sur de la capital mexicana.
Finalmente la presa francesa Cassez se dijo también muy agradecida con el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, quien repetidamente ha pedido al presidente Calderón, de México, que permita que Cassez sea repatriada para que cumpla su condena en Francia.
"Políticamente él me defiende bien, muy bien (...) Qué bueno, qué suerte, qué afortunada. Toda mi vida estaré agradecida con eso", agregó Cassez.

Carrillo Salcedo, "campesino del Guadalquivir"

El internacionalista español Juan Antonio Carrillo Salcedo falleció el pasado 19 de enero en Sevilla, la ciudad donde enseñó con generosidad muchos años. Era un maestro en derechos humanos, como se lo reconocieron importantes amigos. Fue un profesor enorme, generoso y conciso, curioso, rotundo cuando tenía las ideas claras, o sea, siempre.

Conoció algunas de las sentencias más importantes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en los años en que pasó por esa institución. Tras estar en el exterior regresó a Sevilla, donde era uno de los profesores más prestigiosos de la Universidad Hispalense.

Era un hombre cabal, serio pero a la vez claro. Tenía una ética de hierro y se consideraba a sí mismo un "campesino del Guadalquivir".

En lo personal, acrecentó mi curiosidad por los derechos humanos, a cuyo estudio he vuelto hace poco. Sé que siempre estará en mi recuerdo. Mi tesis tendrá una dedicatoria para él.

Lecciones sudafricanas para la España de los desahucios (2012)

Sandra Liebenberg es una experta en derechos humanos sudafricana cuyas reflexiones sobre derecho a la vivienda en su país expresadas en el artículo "Adjudicación de derechos sociales en la Constitución de Transformación de Sudáfrica" (Anuario de Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, 2006) me han dejado pensativo.

Desde hace meses España está inmersa en una crisis económica de monumentales proporciones cuya causa se incubó en el sistema financiero, se trasladó a la sociedad mediante créditos e hipotecas de condiciones extraordinarias (plazos muy largos, de hasta 40 años; y tipos de interés variables), atractivos pero arriesgados, y un sector inmobiliario desbocado, desaforado, que enriqueció a algunos constructores, inmobiliarias y municipios rápidamente. Los españoles se cegaron en una situación que antaño recibía un nombre: la cultura del "pelotazo", el enriquecimiento rápido y especulativo, cero esfuerzo en muchos casos.

Ahora España vive un drama descomunal en lo relativo a derechos económicos y sociales sobre todo, el asunto que trata Liebenberg. La causa es que un parón económico debido a condiciones fiscales y presupuestarias impuestas desde Bruselas-Berlín ha enfriado de tal modo la economía española que ésta, prácticamente, se ha estancado. El resultado es decenas de miles de personas en la calle, un desempleo histórico (25%), una precarización de los servicios públicos, especialmente de la salud y la educación, y varios problemas sociales nuevos y sangrantes.

Uno de ellos es el de los desahucios: un caso típico es el de un joven que pierde su trabajo y queda en el desempleo con una hipoteca por pagar; el aval de su crédito al banco que le prestó dinero para comprar su casa lo pusieron sus padres, jubilados; el banco procede, pide un embargo de bienes y ello se traduce en un desahucio por impago de la vivienda de los padres, dada en garantía. El joven pierde la casa que estaba pagando, primera vivienda seguramente, y sus padres la suya, la de toda la vida.

Estudiando el caso he llegado a algunas conclusiones que casan bastante bien con reflexiones planteadas por Liebenberg sobre cómo los derechos sociales podrían ayudar en España a acabar con algunas ideas que otorgan primacía al derecho de propiedad incluso en momentos de crisis. Me gustaría compartirlas:

1. ¿Enfrenta la sociedad española una situación de regresividad en cuanto a derecho a la vivienda? Claramente sí. El artículo 35 de la Constitución (1978) establece que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo”, así como a percibir “una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”. El origen del problema tiene que ver con el desempleo, que ha minado la capacidad de vivir dignamente de millones de personas. El art. 39 refiere que los poderes públicos “aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia”. La situación actual apunta a que el Estado ha olvidado sus obligaciones en materia de derechos económicos y sociales, y antepuesto a las mismas consideraciones presupuestarias. La situación vulnera a mi modo de ver compromisos adquiridos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (1966) fue firmado y ratificado en 1977, antes incluso que la vigente Constitución.

2. ¿Es razonable ejecutar desahucios con una ley de 1909 que es favorable a los bancos, causantes en buena medida de los estragos económicos actuales? Si aplicamos al caso español el criterio del Tribunal Constitucional de Sudáfrica el Estado debería (a) adoptar medidas razonables de índole legislativa o de otra naturaleza, para garantizar en la actual situación acceso al trabajo o, si ello no fuera posible, al menos evitar un despojo y la pérdida de la vivienda para las familias. “La razonabilidad debe ser entendida también en el contexto global de la Declaración de Derechos. El derecho a tener acceso a una vivienda adecuada está firmemente arraigado porque valoramos a los seres humanos y deseamos garantizarles sus necesidades humanas básicas (….) Si las medidas, aunque sean exitosas en términos estadísticos, no logran responder a las necesidades de quienes están más desesperados, no podrán pasar la prueba”, señaló el párrafo 24 de la sentencia del Caso Grootboom en 2000. El Alto Tribunal sudafricano impone la obligación de una “realización progresiva” de los derechos sociales amenazados o vulnerados, algo que no ha estado sucediendo por la falta de políticas activas y decididas de creación de empleos y, al mismo tiempo, por la no contención de abusos contra familias que enfrentan situaciones límite por los impagos. Recordemos que el desempleo actúa como causa de de la pérdida del derecho al trabajo y a una vida digna, y de inmediato, en los casos más graves, de la vivienda.

3. ¿Qué sensibilidad con el problema está mostrando el Poder Judicial español? Poca. La obligación del Estado es emplear sus capacidades “dentro de los recursos disponibles” (caso Grootboom, 2000; P.38) para paliar una situación que se agrava con el paso de los días. Expertos desde el Poder Judicial alertan de excesos para frenar esta situación abusiva de bancos y acreedores que ejecutan órdenes de desahucio con el apoyo de los jueces. Unos pocos de estos han alertado de que la ley vigente, la de Enjuiciamiento Civil de 1909, es demasiado favorable a los bancos y pone en desventaja al deudor. Debe cambiar, han expresado en un informe que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha asumido como propio, como denuncian ya en voz alta varios medios de comunicación. La justicia está dividida pero opta por las interpretaciones más formalistas y apegadas a la “norma jurídica”, no por una lectura progresista de la ley, en un contexto particular, complejo, y sin considerar un verdadero Enfoque de Derechos Humanos, como denuncia por ejemplo Pedro Luis Viguer, juez decano de la Audiencia de Valencia.

4. ¿Dónde está el Gobierno, regulador de la economía y garante de Pactos como el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que le imponen obligaciones de progresividad y una prohibición de regresión? Esta es una pregunta que dejo abierta de cara a las próximas elecciones generales. A mi modo de ver el Gobierno español encabezado por Mariano Rajoy ha fracasado estrepitosamente en lo que respecta a la obligación que tiene de proteger a los ciudadanos en momentos de crisis y permitirles mantener una vida digna. Aumentan los grupos de personas privados de acceso a derechos de los que ya gozaban. Liebenberg recuerda que “los tribunales no deberían privilegiar automáticamente los derechos de propiedad” frente a los sociales (2000, Pg. 59) y coincido con ella en el caso español actual. Si bien puede que el nivel de bienestar que tenían los españoles antes de 2008 quede garantizado, cada vez hay más casos en que se está faltando al principio de progresividad en materia de determinados derechos como el de acceso al trabajo y a una vivienda digna (art 47 constitucional). Igualmente faltan las autoridades españolas a una obligación de garantizar ambos derechos al observarse una falta de medidas y políticas públicas activas para encontrar soluciones intermedias, aceptables, como la dación en pago, que pudiera frenar el deterioro de la situación para varias generaciones de una misma familia que están perdiendo primeras viviendas. Se está produciendo una regresión en cuanto a derechos económicos y sociales sin que el Estado haya sabido o querido ponerle freno y se haya extendido el segmento social en situación de vulnerabilidad. La fractura que observo tiene serias implicaciones para un país que lleva más de 35 años de democracia y que corre peligro de perder aquel pacto social con cada vez más excluidos, muchos de ellos emigrantes ya, del progreso y del bienestar. Posiblemente y aunque en el artículo citado Viguer señale que el margen que tienen los jueces es mínimo para defender los derechos económicos y sociales, a la vista de criterios como el sudafricano podría plantearse algún tipo de lucha o de alternativa desde instancias jurisdiccionales: “El Poder Judicial no puede, por sí solo, corregir todas las injusticias sistemáticas existentes en nuestra sociedad. Pero al menos puede efectivamente suavizar y minimizar el grado de injusticia que acarrea el desalojo de los más débiles que viven en condiciones de desigualdad”, como expresó otra jueza sudafricana, Sachs en el caso Municipalidad de Port Elisabeth con varios ocupantes (2004, Párrafo 38), citado por Liebenberg (pg. 63).

Twitter, vía de escape ante la omisión de proteger a la prensa en México

Callar es una forma de protegerse que puede resultar eficaz pero a menudo resulta insuficiente a la luz de las obligaciones de derechos humanos que tienen los Estados. El comentario es pertinente a la vista de la información relacionada con la "guerra contra las drogas" lanzada por el presidente de México Felipe Calderón.
Cuatro expertos de Microsoft Research han personado un estudio que señala que la violencia en México silenció a medios de comunicación tradicionales y generó una creciente información en redes sociales centrada en hechos violentos, revela un estudio de la empresa publicado en junio de 2012.
No distinguen entre el origen de la violencia, si esta procedía del Estado o de los grupos criminales, pero presentan unos resultados que nos pueden hacer reflexionar sobre la libertad de expresión.
El estudio puede servirnos para analizar las cuatro obligaciones que tienen los Estados en materia de derechos humanos (respetar, proteger, garantizar y promover): "A la fecha los cárteles de la droga parecen estar ganando el control de los medios tradicionales (mainstream) a través del asesinato y la intimidación", establece "Narcotweets: social media in wartime" (2012).
Los expertos relatan cómo en el México actual “la gente usa las redes sociales como plataformas de participación noticiosa en lugar de los dañados aparatos estatales o de los medios de comunicación".
El estudio analizó a detalle los tuits que contenían determinados términos relacionados con la "guerra de las drogas en México" en cuatro ciudades del país (Monterrey, Reynosa, Saltillo, en el norte del país, y Veracruz, en el este) durante un período de dieciséis meses, entre agosto de 2010 y noviembre de 2011, lo que implicó analizar un corpus de 596.591 mensajes.
De todos ellos el 49,5% tenía nuevos contenidos, un 30,7% repetía mensajes existentes (retuits), y el 19,9% restante consistía en respuestas o réplicas a otras comunicaciones.
La investigación localizó 56.414 tuiteros en las cuatro ciudades que, en promedio colocaron 9,4 mensajes en la red al día.
Una de las conclusiones del estudio es que "unos pocos usuarios contribuyeron con la mayoría del contenido" informativo sobre violencia en las redes, a los que el estudio se refiere como "curadores".
Algunos de ellos representaron "los esfuerzos ciudadanos" por satisfacer la necesidad de "tuits rápidos de tiempo real sobre acontecimientos agudos (apremiantes)" en sus comunidades.
El análisis apunta a que México, un país con más de 40 millones de internautas, tiene paralelismos en cuanto al uso que se hizo de de redes sociales y blogs durante los años de guerra en Irak y durante la más reciente "revolución en Egipto".
Recuerda que "en localidades afligidas por los conflictos armados las crisis son parte del día a día, lo que convierte sucesos (violentos) extraordinarios en ordinarios".
Esta situación está ocurriendo en México donde los especialistas ven "casi completo embargo de noticias impuesto por las organizaciones criminales" en algunas zonas del país, sobre todo de estados del norte.
Estos grupos criminales, "mediante llamadas diarias, correos electrónicos y comunicados de prensa, deciden qué se puede y qué no transmitir o publicar".
En este contexto "los gobiernos locales fracasan en su comunicación pública por varias razones: temor a represalias, falta de conocimientos o un intento de mantener una imagen de que tienen todo bajo control".
Finalmente los estudiosos recuerdan que en México hay medios de comunicación tradicionales que, públicamente, han renunciado a realizar coberturas de sucesos violentos, un "vacío de información que cubren las redes sociales (social media)", el nuevo ámbito en el que se pelea por el control de la información.
En el caso el Estado mexicano, que dice haber ofrecido una “respuesta integral” al fenómeno criminal deja sin protección a los periodistas que han acudido a cubrir la violencia en muchos estados de México.
Considero que la obligación de “respetar” la libre expresión en las zonas con más violencia del país se ha incumplido debido a que las autoridades estatales, sobre todo de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, son bastante escuetas a la hora de informar del resultado de sus acciones a pesar de que el cuarto Principio sobre Libertad de Expresión de la OEA establece que “el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos”. Tenemos al respecto el ejemplo reciente de la muerte de Heriberto Lazcano “El Lazca”, abatido no sabemos bien en qué contexto. Dicen que miraba un partido de béisbol cuando le sorprendieron. Huía y recibió seis disparos. ¿Atacó realmente a los marinos que le perseguían? ¿Se le dio el alto? ¿Se le disparó por la espalda? Son detalles que, de modo oficial no trascienden. Se dan versiones parciales e insuficientes.
Además en cuanto a la obligación de respetar, si consideramos que no puede existir una violación de derechos humanos entre particulares, el Estado tendría la obligación de “proteger” a los informadores, algo que no ha ocurrido en los últimos años.
Ahondando en la obligación de “proteger”, esta no es distinta que la de proteger a otros ciudadanos cuando se aplica a los informadores. Sin embargo el Gobierno está tratando de poner en marcha un Mecanismo Especial de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. El plan va en la dirección correcta pero aún se sabe poco de cómo funciona y de los recursos con que cuenta. En cualquier caso el riesgo real de ataques a periodistas existe ya con lo que la actuación ha sido lenta.
Quizás sea la obligación de “proteger” la más evidentemente desatendida por las autoridades federales y estatales mexicanas respecto a los informadores. El hecho de que exista impunidad en más de 80 casos de homicidios contra informadores entre 2000 y 2012 es una amenaza real para estos profesionales quienes, para sobrevivir, han optado en muchos casos por la autocensura. No hay medidas preventivas efectivas en apoyo de los comunicadores, que tampoco están bien protegidos por los medios de comunicación donde trabajan en líneas generales. Siendo la libertad de expresión un “derecho fundamental e inalienable” de los ciudadanos, y un “requisito indispensable” de existencia de cualquier sociedad democrática (Principio 1 sobre Libertad de Expresión de la OEA), el incumplir esta obligación por parte del Estado mexicano entraña un problema grave e irresuelto en el México actual.
En cuanto a la obligación de “garantizar” está en este caso violada ya que la ciudadanía, consciente o no, carece de información útil sobre lo que está pasando en algunas ciudades de México atenazadas por la violencia, como las cuatro citadas en el estudio.
Finalmente respecto a la obligación de “promover” una mejor protección para los comunicadores sería importante intensificar los programas de autoprotección que existen, y que realizan algunas ONG pero que no están apoyados por el Estado. Tampoco percibo que haya una conciencia social muy firme en torno a las consecuencias que tiene que los periodistas y medios de comunicación mexicanos se autocensuren. Ello se podría revertir con algunas campañas agresivas en este sentido.
El estudio sobre “narcotuits” concluye con esta aseveración: "Muchos mexicanos ven las redes sociales como una fuentes de información y supervivencia", y emplean esos medios alternativos "para actos de aflicción colectiva y para expresar su frustración respecto al gobierno, las organizaciones criminales o con ellos mismos, por las circunstancias en que viven". Lamentablemente la falta de protección, respeto, garantías y promoción del trabajo de los periodistas en contextos cada vez más difíciles ha detonado la actual situación tan difícil que enfrentamos.