El 7 de abril de 2008 las periodistas de una radio comunitaria mexicana Felicitas Martínez y Teresa Bautista Flores fueron asesinadas por desconocidos. Eran indígenas triquis de una pequeña radio del estado. El suceso ocurrió en Putla de Guerrero y las autoridades mexicanas han descartado que la acción fuera específicamente contra ellas por ser periodistas. El 6 de enero de este año las instalaciones de Televisa Monterrey fueron atacadas con una granada y una ráfaga de disparos. “Esta noche todos, los que trabajamos en Televisa condenamos el atentado, el acto de violencia, la intimidación, el intento de acallarnos, de acallar la libertad de expresión, que no es de los periodistas sino de todos los mexicanos”, señaló el periodista Joaquín López Dóriga en el noticiero estrella de la cadena.
Un grupo de encapuchados, presumiblemente del crimen organizado, dejó un mensaje alertando de que la acción era "un aviso" a la televisora aparentemente por informar nada más de algunas acciones de los cárteles de la droga, no de las de un grupo rival. La Fiscalía federal ha tomado el caso y la empresa les urge a que lo resuelvan: "Para las autoridades hacemos el llamado, el emplazamiento, la exigencia a que investiguen, aclaren, detengan y castiguen a los responsables del atentado de un México que no queremos así”, agregó.
Son dos ejemplos de que a cualquier comunicador incisivo que aborde temas de narcotráfico y crimen organizado le puede pasar algo en este país. En 2008 hubo más de 5.600 muertos, algunos de ellos periodistas. Armando Rodríguez Carreón, de El Diario de Ciudad Juárez, fue acribillado a las puertas de su casa. Algunos, como el titular de la Fiscalía Especial de Delitos cometidos contra Periodistas, Octavio Orellana Wiarco, parecen tener puesta una venda ante los ojos. En diciembre pasado, en una vergonzosa rueda de prensa por la ausencia de datos y precisiones, minimizó los ataques contra periodistas en México. Dijo que la mayor parte de aquellos en los que los comunicadores estaban involucrados no guardaban relación con el ejercicio del periodismo. El funcionario se mostró demasiado errático en sus respuesta y más reservado de lo necesario ante un problema vivo y latente.
Reporteros Sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazan la lectura de los hechos y mantienen a México como uno de los países más peligrosos para los informadores en América Latina y el mundo. Es tiempo para una reacción desde lo más alto del Gobierno, no con palabras sino con hechos ciertos.
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